Denuncian múltiples irregularidades en tecnológicos y universidades del Estado de México.

Por Marycarmen Aguilar Franco

En demanda de justicia laboral se manifestaron frente a oficinas públicas del gobierno federal, líderes y afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Superior, SNES,  con representantes de al menos 14 estados de la República, advirtiéndose nutrida participación de maestros y trabajadores administrativos de planteles del Estado de México, entidad donde se han revelado múltiples inconsistencias, injusticias laborales en todos los sentidos, acoso, hostigamiento, corrupción, favoritismo, violaciones flagrantes y recurrentes a la Ley Federal del Trabajo y tratados internacionales en la materia.

A convocatoria de la dirigencia nacional encabezada por Gerardo Bolaños Jiménez,  docentes y empleados administrativos de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como Tecnológicos Superiores Descentralizados del país, adscritos a la estructura estatal de gobierno, se reunieron en la Ciudad de México en mitin pacífico, realizado por dos días, para dar a conocer sus demandas, donde resalta el BASTA contundente a los despidos, el abuso de poder, la discriminación salarial, la violencia y hostigamiento laboral, corrupción y las recurrentes violaciones a los Derechos Humanos.

Junto con trabajadores y docentes provenientes de 14 estados de la República, sobresalieron empleados de planteles de Educación Superior de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Santiago Tianguistenco, expusieron muchos ejemplos de estos abusos, donde resalta la asignación, realizada por el gobernador en turno de Rectores y Directores en cada uno de los 35 Tecnológicos y Universidades públicas del Gobierno del estado, donde no importa tener el perfil académico o preparación profesional mínima para realizar la función, solo  basta tener filiación política en común, así lo demuestra el listado de nombres donde abundan exdiputados y ex alcaldes priistas.  

Los mismo ocurre en otras entidades, donde la bandera política ostentada por los directivos vale más que la capacidad y experiencia académica, esta injustas designaciones se completan con los sueldos desproporcionados respecto a la plantilla docente, donde profesionistas con doctorados y maestrías perciben sueldos en base a horas clase, incluso las secretarias perciben mucho más sueldo que el personal académico, y los rectores cobran 50 mil, 70 mil y en  algunos casos, más de cien mil pesos mensuales, aunque no justifiquen con títulos académicos o eficacia administrativa el despilfarro de recursos.

A esta asignaciones se suman muchas otras acciones recurrentes y múltiples irregularidades con este sector, orillado a la movilización en diversos estados de la República, integrándose al Sindicato Nacional de Trabajadores de Estudios Superiores, cuyos líderes están resueltos a poner un alto a todas las violaciones y actos de inconstitucionalidad en cuanto a la ley del Trabajo, fortaleciéndose cada día más con la creación de Comités Estales y Delegaciones Sindicales, para aglutinar a los sindicatos conformados en cada uno de estos planteles de todo el país, donde se calcula laboran en promedio 55 mil personas.   

El SNES considera poder afiliar al menos a 40 mil de estos trabajadores, quienes han soportado toda clase de abusos, sobre todo en el Estado de México, donde más ha impactado el acoso sufrido por los empleados de este sector; un ejemplo muy claro y evidente se suscitó en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, donde el Sindicato de este plantel contaba con más de 250 trabajadores, pero al llegar a la Rectoría Cristina Manzur Quiroga, hermana del Secretario General de Gobierno del anterior periodo gubernamental, realizó despidos masivos, bajo amenazas, hostigamiento y actos de crueldad a modo de amenazas, hasta disminuir drásticamente el padrón sindical, quedando en menos de 50 afiliados, con clara intención de crear un nuevo sindicato, y desaparecer el SUTAYA, para lo cual hasta la Secretaria del Trabajo se sumó al complot, evitando, hasta la fecha otorgarle la toma de nota que por ley les corresponde.

Los más afectados fueron los de la plantilla docente y por ende, disminuyó también la calidad educativa y los servicios para el alumnado, quienes igualmente se manifestaron en su momento contra los evidentes actos de corrupción de la rectora, incluso hasta realizaron un paro estudiantil; sin embrago,  pese a las denuncias, continuaron  los ataques contra la mayoría de los trabajadores administrativos y docentes de la UPVT, que lograron resistir, mientras más de doscientos empleados más fueron obligados a presentar sus renuncias, con todos sus derechos violentados. Situaciones similares han ocurrido en muchos otros Tecnológicos y Universidades Politécnicas del País, por lo cual el SNES consideran imperante incrementan sus acciones de lucha y exigencia por la certeza laboral y respeto a los elementales derechos que corresponden a todo trabajador y exigencia de un incremento salarial emergente del 8.5 por ciento al menos, así como revisión y de ser posible auditorias en cada plantel, sobre todo en aquellos donde se han denunciado casos de corrupción y desvió de recursos, como ha ocurrido en el estado de México, Guerreo, Michoacán y Puebla por ejemplo, solicitan también la recontratación inmediata del personal despedido injustamente, y hacerles valer su antigüedad .

En esta batalla por la autonomía y determinación sindical se han sumado cientos de empleados, creándose Comités Ejecutivos en los Estados de Durango, Yucatán, Tabasco; Sonora; Veracruz, Michoacán; Guerrero; Hidalgo, Morelos; Chihuahua, Zacatecas, Puebla, Campeche y por supuesto el Estado de México, sumados a esta lucha gremial que será muy cruenta, dada la cantidad de abusos e injusticias sufridas por este sector, anotándose entre sus demandas más sentidas la reincorporación de los derechos laborales elementales, así como eliminar los contratos provisionales para otorgar los contratos de base a quienes han conquistado ese derecho por la cantidad de años laborados.

Los líderes sindicales reiteraron como tema urgente la instalación de una mesa permanente para denunciar y atender los múltiples casos de corrupción y el desvío de recursos detectado en muchos de estos planteles, utilizados por al menos tres décadas como espacios para empleos de consolación, o asignación de puestos a cambio de favores políticos, sobre todo partidistas y hasta como “bolsa de empleo” familiar y de grupo. Otra demanda impostergable es la revisión de los sueldos de cada rector, y sus contrataciones, pues la mayoría no cumple con perfiles mínimos para ocupar puestos, donde igualmente los salarios son desproporcionados, pues en muchos casos rebasan cantidades “normales, en puestos administrativos de baja responsabilidad, en contraste profesionistas de alta capacidad y preparación académica perciben irrisorias cantidades que no superan ni los diez mil pesos mensuales, sin opción a bonos diversos como los obtenidos por rectores y sus empleados de confianza.

Otro punto medular en las peticiones del SNES es la homologación salarial, respecto a los docentes y personal adscrito a la Sección 61 del SNTE, que rebasa en mucho los salarios percibidos en estos planteles, hasta 35 por ciento más al de un trabajador descentralizado, violándose con ello la Constitución en su artículo 123 fracción XII, donde indica que a un trabajo igual, le corresponde salario igual. Tampoco hay prestaciones de Seguridad social para todos, pues a pesar de ser un derecho humano y constitucional, a la mayoría de los trabajadores de los subsistemas de educación superior descentralizada no se les otorga este beneficio.

En varios casos se les niega derechos a una atención médica, crédito a la vivienda y pensión a futuro, no reciben seguridad social bajo ningún rubro, no les respetan la antigüedad en sus puestos, aun así varios se mantienen en resistencia y soportan toda clase de hostigamientos y acoso laboral de parte de los rectores, quienes igualmente se aprovechan del puesto para obtener y desviar recursos, o incluso, como ocurrió con la rectora de la UPVT, hasta cobran doble salario al mantener su plaza en otra institución educativa, según denuncia pública.

 Ante este panorama surge precisamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Superior, organización sindical con carácter de empresa, conformada ya por cientos por trabajadores de la educación superior, particularmente de los Tecnológicos Descentralizados, Universidades tecnológicas y Politécnicas, quienes responden así a la necesidad de hacer valer los derechos constitucionales de igualdad salarial, (homologación), estabilidad en el empleo y acceso a la seguridad social; creándose con personalidad jurídica a nivel nacional para reclamar en conjunto  todos los derechos constitucionales.