Familiares de injustamente presos llevan una semana dentro de celda instalada frente al despacho del gobernador mexiquense.

Por Eduardo Alonso

A poco más de una semana de haber montado una “celda” sobre la calle de Lerdo, frente a la oficina del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, las madres, esposas, hermanas, hijas y abuelas de personas que están privadas de su libertad de manera injusta, aseguran, no han sido atendidas pese a que su principal demanda es muy sencilla de resolver, ya que consiste en entrevistarse directamente con el mandatario o algún funcionario estatal de alto nivel y con capacidad de solución.

Lady Plácido, integrante de la organización “Haz Valer Mi Libertad” y hermana de Daniel Plácido, joven recluido y sentenciado de manera injusta, sostienen sus familiares, aseguró que no levantarán su protesta hasta que no se les otorgue una audiencia con algún funcionario que verdaderamente tenga capacidad de resolución, respecto al estudio y análisis de los expedientes de cada uno de sus seres queridos.

Las mujeres que mantienen la protesta han coincididido en señalar (desde hace más de dos años) que las carpetas de investigación iniciadas para procesar y sentenciar a sus familiares, tienen como denominador común: irregularidades en la integración de los expedientes, violación de derechos humanos y fabricación de pruebas y habilitación de testigos falsos, entre otras.

Antonio Lara Duque, abogado de la organización de derechos humanos “Zeferino Ladrillero”, recordó que las integrantes del colectivo y organización “Haz Valer mi Libertad”, han gestionado y buscado audiencias con prácticamente todas las autoridades competentes en el tema, como Poder Judicial estatal, Fiscalía General de Justicia estatal, Poder Legislativo (diputados) local, Comisión de Derechos Humanos local y Secretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo mexiquense, pero hasta el momento ninguna de éstas les ha atendido de manera profesional.

“Las compañeras han pasado por todas esas instituciones y ninguna les ha otorgado alguna resolución seria”, dijo Lara Duque tras sostener que lo deseable es que el mismo gobernador baje de su oficina, les solicite que se retiren las cadenas (que ellas mismas se colocaron) y suban a dialogar sobre la problemática de sus familiares presos injustamente.

El abogado recordó que de acuerdo con sus propias estimaciones de los 34 mil internos que hay en las (23) cárceles administradas por el Gobierno del estado de México, aproximadamente 60 por ciento registró algún tipo de irregularidad durante su proceso legal.

Por lo anterior, dijo, en términos de datos duros y fríos “consideramos que hay cerca de 19 mil 500 presos” que padecieron algún tipo de violación a sus derechos humanos al momento de que fueron detenidos, enfatizó.

Precisó que “Haz Valer mi Libertad” y “Zeferino Ladrillero” abanderan la causa jurídica de aproximadamente un centenar de internos y de éstos alrededor de 25 tienen algún tipo de pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos estatal, pese a ello el gobierno de Alfredo Del Mazo no está en la disposición de atender (revisar) sus expedientes.

“A nadie que fue víctima de violación de derechos humanos se le pude considerar culpable”, consideró el abogado.

Lara Duque concluyó sosteniendo que hay una profunda y extendida indignación en contra de los operadores del aparato de supuesta justicia que se práctica en el Estado de México, ya que todos los días ese sistema genera falsos culpables.