jueves, julio 25, 2024
Colectivos exigen libertad de Kenia Hernández

Piden la liberación inmediata de la activista amuzga quien cumple tres años privada de su libertad.

Durante tres años, el Estado mexicano ha violado los derechos humanos de Kenia Hernández, mujer indígena amuzga, abogada y defensora de derechos humanos que ha participado en varios movimientos sociales en el Estado de Guerrero y quien fue detenida arbitrariamente en octubre de 2020. 11 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de México su liberación inmediata y la reparación integral por los daños cometidos.

Kenia Inés Hernández Montalván se encuentra privada de libertad desde hace tres años. El 18 de octubre de 2020, 22 elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México la detuvieron de manera arbitraria en la caseta de Amozoc, Puebla. La defensora no recibió orden judicial ni fue informada de la razón de su detención. Durante el proceso de detención fue sometida a malos tratos y violencia física. Su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, el 19 de octubre de 2020, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Kenia Hernández fue acusada de “robo con violencia armada”, así como “ataques a las vías de comunicación en pandilla” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses.

El 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República, junto a la representante de CAPUFE, señalaron a Kenia Hernández como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”, por lo que solicitaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, Morelos, penal de máxima seguridad.

Antes de su detención arbitraria, Kenia Hernández se dedicaba a la defensa de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres, y de los pueblos indígenas. En el cargo de coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”; y como cofundadora e integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero” (MOLPEG), acompañaba a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de su libertad y a las personas afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano.

Actualmente, la defensora de derechos humanos enfrenta 11 procesos en su contra como represalia a su labor. Entre ellos, dos sentencias que suman más de 20 años en prisión en el Estado de México, por el delito de “robo con violencia”. Los otros nueve procesos son federales por el supuesto delito de “ataques a las vías generales de comunicación”, tres de los cuales han sido suspendidos.

Los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades. Por ejemplo, se le ha negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y, además, se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones. Todo ello ha llevado a la defensora a realizar dos huelgas de hambre, la primera el 17 de mayo de 2021, que duró 21 días, y la segunda el 17 de octubre de 2021, que mantuvo durante 61 días. Estas huelgas de hambre han profundizado su situación de vulnerabilidad y riesgo. 

A lo largo de tres años de privación arbitraria de la libertad en el CEFERESO No. 16 – único penal femenil de máxima seguridad en México- Kenia Hernández ha sufrido discriminación basada en su género y pertenencia al pueblo indígena amuzgo. Además, la defensora ha denunciado restricciones en su acceso a consultas médicas, así como al agua potable. Hernández ha sido sujeta a situaciones extremas de aislamiento, inclusive a través del desalojo de un pabellón de 29 celdas para garantizar su reclusión en total aislamiento, al ser considerada una “interna peligrosa”. De igual manera, hay un estricto control en su correspondencia, lo que ha impedido trasladarle insumos, restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de familiares y organizaciones de derechos humanos que acompañan su caso.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, luego de tres misiones de observación, concluyeron que al menos 13 de sus derechos humanos habían sido violados, entre los que se encuentran su derecho a la salud, a la no discriminación y a un juicio justo, entre otros. Asimismo, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas han expresado preocupación por la “constante apertura de procesos de investigación con la finalidad de mantenerla privada de libertad”.

El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social.

Las organizaciones abajo firmantes recuerdan que la privación de la libertad de Kenia Hernández, en cuanto madre y único sustento de sus hijos menores de edad, vulnera las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), particularmente las Reglas 4, 26 y 64, las cuales requieren que las mujeres detenidas sean enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas; la facilitación por todos los medios razonables del contacto con sus familiares, incluidos sus hijos; y la preferencia por imponer sentencias no privativas de la libertad a mujeres que tengan hijos a cargo.

Por todo ello, en este tercer aniversario de la detención arbitraria de Kenia Hernández, las organizaciones abajo firmantes hacen un llamado al Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de México y a las autoridades competentes en este caso, para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Kenia Hernández y a liberarla de manera inmediata, Las organizaciones urgen a las autoridades a anular las condenas que pesan en su contra, ya que parecen tener como único objetivo obstaculizar su labor en defensa de los derechos humanos, y a garantizar medidas de reparación por los daños causados.

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