Sin justificación precisa, envían a PPL’s de penales del Edomex al centro de reclusión federal de Nayarit.
Eduardo Alonso
Familiares de Personas Privadas de su Libertad (PPL) que estaban cumpliendo su sentencia y/o enfrentando su proceso jurídico en el penal estatal de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juarez en el Estado de México, acusaron que los traslados de sus seres queridos fueron ilegales porque en ningún momento los titulares del Sistema Penitenciario estatal lograron sostener, jurídica y administrativamente, que el cambio a un Centro de reclusión federal tenía sustento.
Esposas, hijos, hermanos y familiares en general de varios PPL que a finales del año 2023 fueron notificados que serían enviados a centros federales, se hicieron presentes en la Plaza de los Mártires de Toluca para exigir a la autoridad estatal que se le retorne a la cárcel de Santiaguito.
Puntualizaron que la medida “ilegal” genera una grave afectación a la familia, ya que para ver a su PPL tienen que realizar un viaje que les lleva más de un día, pero sobre todo gastos que no pueden realizar.
Aseguraron que han aportado documentos a la autoridad penitenciaria, emitidos por la misma institución, donde se demuestra que sus familiares-PPL no son peligrosos o generadores de desestabilización, como lo señalan algunos documentos.
“Mi esposo no tiene ni una sola nota de mala conducta, no tiene llamadas de indisciplina o algún señalamiento donde se precise que tiene un mal comportamiento”, dijo Marisol Bolaños Díaz, esposa del PPL Zeus Hernández Esquivel.
Recordó que el pasado 3 de diciembre lo trasladaron al penal de Tenango del Valle; para el día 10 de ese mismo mes, se enteró que lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, ubicado en estado de Nayarit.
Precisó que su esposo fue acusado de robo con violencia y recluido el 18 de febrero de 2006; aunque todo el proceso jurídico estuvo plagado de irregularidades, a tal grado, dijo, que el robo de dos vehículos de la empresa Rodas Automotriz no fue captado por las cámaras de videovigilancia.
Situación que para la señora Bolaños no es nada creíble que una empresa de esas dimensiones (agencia automotriz) no tenga cámaras de vigilancia.
Puntualizó que, de acuerdo a la misma investigación se demostró que no se forzaron las cerraduras del establecimiento y los dos vehículos sustraídos fueron localizados en el municipio de Tonatico.
Elementos que para la esposa del señor Hernández le permite sostener que los ladrones y asesinos, hubo dos decesos de personas durante el robo, son personas que participaban directa o indirectamente en la misma empresa.
Precisó que la sentencia contra su esposo fue por el supuesto delito de robo con violencia, ya que el de homicidio de las dos personas, no se lo pudieron acreditar.
“Somos personas de escasos recursos”, nadie nos hizo caso, por lo que hoy exijo que mi esposo sea retornado al penal de Almoloya de Juárez y que alguna persona analice y profundice y analice en el caso que registró un gran número de irregularidades, aseguró la señora Bolaños.
