El Estado de México se ubica en los últimos lugares del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), que evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales.

Manuel Sobral, integrante del equipo de investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), precisó que la deuda pública del Estado de México asciende a 61 mil millones de pesos y está por encima del promedio nacional.

Apuntó que en los últimos años de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, dicho indicador, deuda, se mantuvo con una clara tendencia al alza.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y creador de la plataforma de información https://comunicadores.mx/ por donde se transmite el programa “De Análisis” de lunes a viernes de 13.00 a 14:00 horas, el abogado Manuel Sobral consideró que el proceso de entrega-recepción de gobierno, entre los equipos del actual gobernador Alfredo Del Mazo Maza y de la gobernadora electa maestra Delfina Gómez Álvarez, se tiene que registrar con los más altos estándares de transparencia.

Lo anterior, precisó, ya que sólo de esa forma se podrá conocer en qué condiciones, verdaderamente, se encuentra la administración estatal, no sólo en ámbito económico, cuánto hay de deuda a largo, mediano y corto plazo, y cuánto dinero dejará en la caja para que la maestra Delfina Gómez concluya el año 2023, sino también los presupuestos, pendientes y proyectos inconclusos en todos los rubros del sector público.

Manuel Sobral precisó que, en uno de sus más recientes estudios como es “El Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), mecanismos a través del cual el IMCO evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales, la entidad mexiquense registra los porcentajes más bajos (novena posición) en la materia.

Subrayó que los indicadores, análisis y conclusiones contempladas en el Barómetro, realizado con base en indicadores oficiales de la deuda pública de las 32 entidades del país reportada (como lo marca la ley) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se puede sostener que la entidad mexiquense es de las más endeudadas del país.

Aunque, explicó, pese al monto tan elevado, 61 mil millones pesos, su calificación no es mala, al igual que 29 entidades más de México, ya que solo Chihuahua y Coahuila están con estatus negativos respecto a sus compromisos de pago-deuda.

La deuda pública mexiquense es muy volátil, ya que el comportamiento registró picos en 2019, una caída en 2020 y un incremento con clara tendencia al alza en 2021 y 2022 hasta llegara a los 61 mil millones de pesos, precisó el investigador del IMCO.

“El Estado de México se encuentran en los primeros lugares, por encima del promedio nacional” en cuanto a su deuda pública, precisó Sobral.

Recordó que los 32 estados que integran México registran deuda que de acuerdo con Hacienda es manejable, a excepción de las dos entidades referidas.

Dato que surge en relación a su Producto Interno Bruto estatal, número de habitantes, entre otros indicadores que permiten advertir que es una deuda manejable.

Manuel Sobral detalló que el Barómetro de Información Presupuestal Estatal, detectó que la transparencia presupuestal en los estados retrocedió con respecto a la última edición del BIPE, ya que el balance en general refiere que en 13 estados, entre los cuales Zacatecas (-11%) y Sonora (-19%) se registraron caídas.

Entre los problemas de la Información Presupuestal del Estado de México y otras entidades con porcentajes negativos en la materia; están: opacidad en general, tabuladores de plazas de trabajadores no accesibles, subsidios que no registran claridad, ni montos, ni destinatarios, así transparencia total en el manejo de fideicomisos.

Observación, dijo, que se debe registrar con procesos estandarizados de escrutinio y acceso total a los datos duros, porque sólo así se podrá tener una aproximación a la realidad financiera de cada estado.

Manuel Sobral del IMCO reconoció que en los últimos años se ha mejorado de manera sustancial el mecanismo de transparencia, en relación a hace 15 años o más, pero ese proceso donde la sociedad civil organizada tiene que estar presente, no ha concluido y más aún cuando hoy la transparencia está siendo señalada y descalificada desde la misma presidencia de la república.

En 15 años hemos avanzado ya que se tenía un puntaje de 53% y hoy ese indicador de la población se elevó a 93%, es decir se registró un aumento de 40 puntos porcentuales.

“La opacidad se concentra en 21 de 116 criterios presupuestales enfocados en información sobre subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos. El BIPE mide 116 criterios presupuestales organizados en 10 secciones a partir de la información contenida en los presupuestos de cada estado”, precisa un apartado del reporte del estudio BIPE.

Sobral hizo un llamado a la población mexicana para que se involucre, realmente, en los temas de intereses público.

“Nos hace falta un gran camino por recorrer, no solo basta con transparentar, sino el llamado a la rendición de cuentas de todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno, es obligatorio”, consideró tras sostener que hoy la voz de la sociedad civil organizada esta relevante.

“La transparencia no necesariamente significa menos corrupción”, dijo.

Luis Pantoja cuestionó si es viable que, en dichos procesos de transición de la entrega de gobierno mexiquense, este presente una figura de “Testigo Social”, emanado de la sociedad civil.

Planteamiento que para Sobral es viable a partir de que la sociedad civil organizada ha sido, es y seguirá siendo un puente muy necesario entre el gobierno y sociedad en general.