La propietaria del negocio de pollo ubicado en Toluca, denunció que la Secretaría de Seguridad dio de baja a elementos del Cusaem que custodiaban el local, a pesar de que ella pagaba por el servicio.

Por Veneranda Mendoza

Karina Contreras, propietaria del expendio de pollo de donde cuatro empleados fueron secuestrados la mañana del 22 de diciembre pasado en Toluca, familiares y compañeros, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno emprender la búsqueda, tras 53 días de desaparición, pues a la fecha nada se sabe de ellos.

Aunque ya fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con su desaparición, indicaron que no existe indicio alguno sobre el paradero de los trabajadores, pues a la fecha no han recibido ninguna comunicación, siquiera para pedir rescate o amenazarlos.

“Exigimos que vayan a buscarlos. Ya se detuvo a cuatro de los involucrados, pero de los trabajadores no sabemos nada. Pedimos el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales. No queremos otra cosa sino que los vayan a buscar. Ya pasaron 53 días, estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Necesitamos y exigimos el apoyo de las autoridades”, insistió.

La empresaria descartó que los cuatro detenidos por los hechos y vinculados a proceso sean chivos expiatorios, pues si bien sólo uno, el chofer identificado como Ángel, aparece en el video del levantamiento, los otros tres tuvieron algún grado secundario de participación que consistió en el cambio de unidades y su traslado a otros destinos.

Karina Contreras aprovechó para informar que presentó denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en contra de Andrés Andrade Téllez, el secretario de Seguridad Estatal, y del general José Martín Luna de la Luz, por supuestamente ordenar que se diera de baja a los elementos de seguridad que ella había contratado, a través de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), para su custodia, dado que a la fecha no se le han proporcionado escoltas por parte del Estado.

Expuso que el pasado 18 de diciembre acudió con su familia al Nevado de Toluca, hizo escala en la comunidad de Raíces para comprar gorros y guantes, y se acercó el general José Martín Luna de la Luz a hacer algunas preguntas, entre ellas “si habíamos avisado sobre la salida, pero contestamos que no sabíamos que teníamos que avisar”.

Indicó que sus escoltas se identificaron debidamente, mostraron sus permisos y oficios de comisión, y después les permitieron continuar; no obstante, horas después uno de los guaruras recibió la llamada de la comandante Aurora Tania Gutiérrez López, su jefe directo, para preguntarle qué había pasado porque le estaban pidiendo su baja, “me están pidiendo que te levante un acta administrativa para que ellos puedan justificar tu baja”, le dijo.

El servicio, indicó, pese a que estaba contratado, le fue suspendido por la baja de los elementos antes del atentado a su negocio que dio como resultado el secuestro de los empleados.

A la fecha, indicó, a ella no se le ha dado explicación sobre esta decisión, a pesar de que “tengo un contrato con los CUSAEM y ellos no lo respetaron… y ya ni me contestan las llamadas”.

Detalló que fue en mayo del año pasado que contrató el servicio de seguridad, cuando ya tenía tres años de pagar cuota al crimen organizado; aclaró que nunca suspendió el pago por el derecho de piso, sino que la organización dejó de enviar a sus operadores financieros y ella incluso les mandaba mensaje para pedirles, por favor, que pasaran, pero ya no le contestaban.

De repente, planteó, empezaron a pasar tres comandantes, quienes empezaron a amenazarla, hasta que en noviembre pasado optaron por atentar contra su negocio.

“No voy a descansar hasta que los responsables paguen y los trabajadores regresen”, añadió.