jueves, marzo 28, 2024

Aleatica obtiene ingresos ilegales al año por mil mdp en el cobro de peaje del segundo piso del Viaducto Bicentenario.

En reiteradas ocasiones y con denuncias hechas ante la autoridad correspondiente, el abogado Paulo Díez Gargari ha acusado a la empresa Aleatica, antes OHL, de cometer un delito “todos los días” al cobrar el Viaducto Bicentenario.

Incluso el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le otorgó un amparo, luego de que en agosto de 2019 solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación.

A partir de la resolución del juez, le corresponde al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, determinar la legalidad del peaje que Aleatica cobra a los usuarios de esta importante arteria.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos en De Análisis, el Propietario de DGT Díez Gargari, ha insistido en que todas sus denuncias llevan nombre y apellido “y he señalado a todos aquellos que son responsables de esta incongruencia desde Luis Videgaray, Eruviel Ávila, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Miranda y hasta a Enrique Peña”.

Díez Gargari insiste en que no se puede seguir permitiendo que los beneficiarios sean los españoles de OHL que ahora siguen operando bajo el nombre de Aleatica con capital australiano. “Llevo cinco años denunciado públicamente este asunto y he pedido a los gobernadores en turno que digan el monto a recuperar de ese proyecto y no lo hacen, porque saben que ya se recuperó y que se tendría que devolver la concesión al estado de México; espero que la Legislatura estatal siga haciendo su trabajo para detener la ESTAFA BURSÁTIL que significa el Viaducto Bicentenario”.

EXHORTO EN LA LX LEGISLATURA

En este sentido, el diputado por Morena Max Correa Hernández pidió al secretario de la SCT federal, Javier Jiménez Espiriú, atender el exhorto que la legislatura del Estado de México hizo para que emita una declaratoria que rescate la concesión de dicha vialidad, luego de que la empresa constructora Aleatica, antes OHL, obtiene ingresos ilegales de hasta mil millones de pesos anuales por el cobro de peaje del segundo piso del Viaducto Bicentenario,

El exhorto, presentado por Correa Hernández en noviembre de 2019 y aprobado por unanimidad en el Congreso mexiquense, también hace un llamado al titular de la Secretaría de Comunicaciones estatal, Luis Gilberto Limón Chávez para que informe del proceso que otorgó la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa española, y a cuánto asciende el adeudo que el gobierno del estado y los mexicanos deben seguir pagando por el segundo piso del Viaducto Bicentenario.

“De manera respetuosa le pedimos al secretario federal nos diga cuál es la situación legal de este tramo carretero que pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, porque consideramos que a OHL le fue otorgada concesión de una manera arbitraria, y por ello el gobierno federal tiene que recuperarlo y dejar libre el paso sin cobro de peaje”.

Advirtió que de no existir una concesión con el gobierno estatal, la SCT debe realizar el aseguramiento de obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del Viaducto conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación.

En ese sentido, el diputado de Morena dijo que una acción de este tipo ya fue realizada cuando el gobernador de Baja California intentó apropiarse de una caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada.

“El gobierno federal envió al lugar a la Guardia Nacional a recuperarla y eso mismo se debe hacer en el tramo del segundo piso del Viaducto Bicentenario, porque sigue siendo jurisdicción federal y por ello no pudo entregarse esa concesión”.

Correa Hernández, también dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirmó que el exhorto se dio como un elemento de prueba en el proceso que se le seguía al exsecretario estatal y federal Gerardo Ruiz Esparza, por el cual se le iba vincular a proceso.

“Aunque desgraciadamente falleció, de cualquier forma la averiguación debe ser remitida a un juez para que se deslinden responsabilidades sobre la ilegal concesión del tramo carretero”, reiteró.

Finalmente, Max Correa pidió al gobierno federal actuar con la misma contundencia como lo hizo en Baja California para recuperar el Viaducto Bicentenario y evitar el cobro de peaje a la gente.

“El viaducto representa un acto de corrupción de los sexenios pasados que se benefició a una empresa privada que les dejó dividendos para sus campañas políticas; ese tramo les deja más de mil millones de pesos anuales a la empresa de manera ilegal, por ello es importante que el Presidente tome cartas en el asunto y particularmente el secretario de Comunicaciones y Transporte”.

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