Operadores del aparato de justicia estatal castigan la pobreza, color de piel, preferencia política y hasta sexual.

Por Eduardo Alonso

En el marco del “Día Internacional de los Presos Políticos” las luchadoras sociales América del Valle Ramírez, Lady Plácido, Leticia Cruz Hernández, junto con los periodistas Julio Astillero y Miguel Ángel Alvarado coincidieron en sostener que la organización y protesta social en las calles es una de las principales herramientas para contrarrestar las acciones de gobiernos como los emanados del PRI.

Ya que sus políticos, priistas, durante décadas se dieron a la tarea de perseguir y encarcelar a todos aquellos que cuestionaban y evidenciaban su mal desempeño o actos de corrupción que realizaban o simplemente porque pensaban políticamente diferente y por ende eran incomodos a sus intereses.

Desde el salón Benito Juárez del Congreso local y en presencia de Beatriz García Villegas, diputada de Morenas y anfitriona del Foro “Diálogos, presas y presos políticos un sistema que criminaliza la pobreza y la lucha social” donde subrayó “hay que decirlo fuerte y claro, tenemos severos problemas en todo el sistema de justicia”, las activistas narraron sus historias de persecución jurídica y política y se congratularon de que hoy la Cámara de Diputados estatal las tenga como invitadas-ponentes y no en estatus de prófugas de la justicia como años atrás sucedió por el Poder Judicial y Fiscalía estatal.

Al respecto Beatriz García dijo que evidentemente en el Estado de México y en todo el país existen personas que están en prisión sin haber cometido un delito y eso deberá cambiara, al igual que el deficiente aparato de justicia estatal y nacional que perjudica, principalmente, a personas de los denominados grupos vulnerables.

Las instituciones encargadas de impartir justicia benefician a quienes tienen dinero, a quienes tienen poder, pero criminaliza el tono de piel, el sexo, el género y la ideología de los presuntos responsables de una conducta delictiva.

 “La postura de que ellos no se equivocan, la postura de que son pulcros, de que hoy por hoy no existe ningún problema, ni hay nada que cambiar, francamente” es equivocada porque evidentemente en algunas agencias del Ministerio Público se discrimina y se actúa en una lógica de persecución, dijo la diputada. 

“No dejemos nunca que nos digan que ellos tienen la razón y que es una cuestión jurídica; que las personas que no estudiamos derecho no le entendemos”, comentó la diputada de la 4T.

Por su parte las activistas narraron como sufrieron en sexenios pasados el acoso y persecución política por parte de las instituciones mexiquenses que en teoría están para procurar justicia y no para perseguir a personas por un móvil político.

América del Valle Ramírez, activista del “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco”; Lady Plácido del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”; Leticia Cruz Hernández, encarcelada “injustamente”; Julio Astillero y Miguel Ángel Alvarado, periodistas de La Jornada y del portal Viceversa Noticias, respectivamente, coincidieron en sostener que la organización y protesta social en las calles es una de las principales herramientas para contrarrestar las acciones de gobiernos como los emanados del PRI que durante décadas se dieron a la tarea de perseguir y encarcelar a todos aquellos que les eran incomodos a sus intereses porque pensaban y cuestionaban y evidenciaban su mal desempeño o actos de corrupción.

América del Valle Ramírez, hija de Ignacio del Valle, dirigente social del movimiento social “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco”, narró como el aparato de justicia mexiquense le fabricó una supuesta conducta delictiva y giró una orden de detención en su contra por lo que se tuvo que esconderse durante varios años.

Su padre y varios de sus vecinos en mayo de 2006 fueron perseguidos y encarcelados durante varios años, pues su pecado fue defender la tierra (en sexenio de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México), sus tradiciones y su forma de vivir (se opusieron a la construcción del inmueble aeroportuario impulsado por el gobierno federal y estatal proyectado en la zona) convirtiéndose así en perseguidos políticos.

América del Valle aclaró que no milita en Morena, ni en ningún otro instituto político, pero sin conceder un cheque en blanco a dicho partido y al gobierno emanado de éste, reconoció que hoy el Poder Ejecutivo cuestiona el desempeño del Poder Judicial estatal y federal, situación que antes no sucedía y eso es un avance.

Al tomar la palabra Lady Plácido del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” ratificó que el aparato de justicia estatal castiga y encarcela a los pobres y de piel morena, no así a los que tienen poder político y económico; comportamiento del aparato de justicia mexiquense que vivió en carne propia Leticia Cruz Hernández, vecina de Nicolás Romero que fue encarcelada “injustamente” durante 10 meses.

Julio Astillero, columnista de La Jornada y periodista del portal de información julioastillero.com precisó que el denominado “Grupo Atlacomulco” emanado del PRI se ha destacado, entre otros aspectos negativos, por practicar persecuciones jurídicas y políticas y por ello reconoció la fortaleza de las ponentes, pues han tenido que enfrentar a ese tipo de perfiles políticos y administrativos que durante décadas realizaron un gran número de actos de corrupción, irregulares y contrarios al estado de derecho.

Puntualizó ante los asistentes al Foro que la organización social horizontal es la vía para apuntalar la movilización social y exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, emanadas de todos los partidos, un buen desempeño en la protección al medio ambiente, seguridad, combate a la corrupción, entre otros asuntos de interés colectivo.  

Miguel Ángel Alvarado, periodista del portal Viceversa Noticias y autor del libro “Los infiltrados”, cerró el Foro indicando que la protesta social es la principal herramienta para enfrenar las detenciones políticas, abusos e injusticias y recordó que “Haz Valer mi Libertad” mantiene un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno estatal y su exigencia (al Poder Judicial) es la revisión de aproximadamente 17 expedientes de personas que fueron sentenciadas o están bajo proceso jurídico a partir de carpetas de investigación plagas de irregularidades.