Las medidas contra jueces y fiscales del tribunal generan preocupación por sus efectos en las investigaciones de crímenes internacionales y en el acceso de las víctimas a la justicia. Expertos de la ONU piden a la Unión Europea y a otros países adoptar medidas para proteger a la institución.
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra integrantes de su personal judicial, al advertir que estas medidas amenazan su independencia y dificultan su labor en la investigación y persecución de crímenes internacionales.
La postura del tribunal coincide con las críticas del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien condenó las medidas al considerar que ponen en riesgo la capacidad de la Corte para cumplir su mandato. También el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que las sanciones sean retiradas.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, sostuvo que la institución continuará trabajando con independencia e imparcialidad, conforme al Estatuto de Roma y con base en la ley y las pruebas. Aseguró que no se dejará intimidar por las presiones y que mantendrá su labor en favor de las víctimas de crímenes internacionales.
Las sanciones se producen en medio de las tensiones por las investigaciones de la Corte, entre ellas las que derivaron en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma, tratado que establece las bases jurídicas de la institución.
La CPI cuenta con 125 Estados Parte y tiene competencia para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, bajo las condiciones establecidas en su marco jurídico. Su intervención es complementaria a la de los sistemas judiciales nacionales.
De acuerdo con la información difundida por Naciones Unidas, las medidas anunciadas en agosto de 2026 se suman a sanciones anteriores contra jueces y funcionarios actuales y anteriores de la Corte. Entre las personas señaladas se encuentran la propia presidenta del tribunal y personal de la Fiscalía.
Expertos independientes de la ONU advirtieron que estas sanciones pueden afectar las investigaciones en curso y limitar la cooperación internacional necesaria para que la institución desempeñe sus funciones. También señalaron que las consecuencias pueden extenderse a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el tribunal.
Ante este escenario, los especialistas instaron a la Unión Europea a activar su Estatuto de Bloqueo, mecanismo que busca impedir que determinados operadores europeos cumplan sanciones extraterritoriales de terceros países cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes. Asimismo, pidieron a otros Estados adoptar medidas para proteger a la Corte, a su personal y a quienes cooperan con ella.
Los expertos también llamaron a los Estados a ratificar y aplicar el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la CPI, así como a garantizar la protección de las organizaciones defensoras de derechos humanos que apoyan sus investigaciones.
La Corte reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con independencia e imparcialidad, mientras Naciones Unidas y especialistas en derechos humanos exhortan a los gobiernos a respaldar la justicia internacional y evitar que las sanciones obstaculicen la rendición de cuentas por los crímenes más graves.
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