Seis madres de familia representan a 13 menores de edad que exigen la restitución del espacio Mi Rumbo; Vientos Culturales acusa falta de explicaciones sobre el operativo.
Seis madres de familia de la colonia Plan de Ayala promovieron un juicio de amparo en representación de 13 niñas y niños para exigir la restitución del Centro Cultural «Mi Rumbo», sede de la asociación Vientos Culturales, desalojado el pasado 22 de septiembre.
De acuerdo con la organización, ninguna autoridad ha presentado una orden judicial ni ha explicado el fundamento legal del aseguramiento del inmueble, que permanece cerrado desde hace más de tres semanas.
La asociación informó que 315 niñas y niños y 196 habitantes de la colonia han firmado una petición para recuperar el espacio, donde se impartían talleres de arte y apoyo escolar, además de ofrecer un lugar gratuito para jugar y realizar actividades después de clases.
El recurso legal cuenta con el respaldo de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Las familias solicitan que se garantice el interés superior de la niñez y sus derechos al juego y a la vida cultural.
Denuncian dos ingresos al inmueble
Según el comunicado de Vientos Culturales, la noche del 22 de septiembre personas armadas y con pasamontañas, acompañadas de patrullas de la Guardia Estatal Preventiva, ingresaron al centro cultural, desalojaron al velador y colocaron sellos de aseguramiento de la Fiscalía.
La organización señaló que ocupa el predio desde 1998, por donación de su titular, quien actualmente la denuncia por despojo. Añadió que mantiene un juicio civil para que se reconozca su posesión del inmueble.
El 30 de septiembre, personas que dijeron pertenecer a la Fiscalía regresaron al lugar acompañadas de ocho elementos armados. De acuerdo con la asociación, se negaron a identificarse, forzaron puertas interiores y elaboraron un inventario. La directora y representante legal de Vientos Culturales tampoco habría obtenido explicaciones ni autorización para ingresar a la sede.
En los informes presentados durante el juicio de amparo promovido por la organización, la Fiscalía General respondió que ordenar un desalojo o aseguramiento no está dentro de sus facultades. La Fiscalía de Distrito Metropolitano reconoció la carpeta de investigación cuyo número aparece en los sellos, mientras que la Agencia de Investigación indicó que únicamente proporcionó seguridad perimetral.
Vientos Culturales sostuvo que ninguna de las autoridades ha exhibido una orden judicial o un acuerdo de aseguramiento que explique lo ocurrido.
Audiencia constitucional será el 27 de octubre
El 7 de octubre, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Chiapas negó la suspensión definitiva solicitada en el expediente 1347/2026, por lo que la asociación continúa sin recuperar el acceso al inmueble.
La audiencia constitucional está programada para el 27 de octubre. Mientras tanto, el juicio civil sobre la posesión del predio permanece en curso.
La organización argumentó que lo ocurrido vulnera los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución mexicana, relativos a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. También exigió una investigación pronta e imparcial sobre las actuaciones denunciadas, la restitución del espacio, la reanudación de las actividades y el cese de presuntos actos de intimidación y hostigamiento.
Afectaciones alcanzan a adolescentes de los Altos de Chiapas
El cierre del centro cultural también afecta al proyecto Kuxlejal: cine por la vida, coordinado desde «Mi Rumbo» y que trabaja con cerca de mil adolescentes tsotsiles en diez municipios de los Altos de Chiapas.
Ante la falta de acceso a su sede y equipos, Vientos Culturales informó que mantiene una vigilia permanente y enfrenta los gastos de dos procesos judiciales. Por ello, solicitó donaciones a través de la plataforma donorbox.org/vientosculturales-es y convocó a la ciudadanía a firmar la petición para recuperar el espacio en forms.gle/W4TWhEtEDajXh7L76.
La asociación reiteró que las autoridades deben considerar el interés superior de la niñez en las decisiones que afectan a niñas y niños, particularmente aquellas que limitan su acceso a espacios culturales y recreativos.
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