La defensa asegura que hay suficientes elementos para probar su inocencia.

El Poder Judicial del Estado de México determinó improcedente decretar prisión preventiva oficiosa a la activista Kenia Hernández, señalada por el presunto delito de robo con violencia, por lo que fue liberada la tarde de este jueves.

No obstante, José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), y defensor de Kenia, precisó que este viernes se realizará una nueva audiencia para determinar si el proceso en contra de la integrante del colectivo “Libertad Zapata Vive” continúa o, en su defecto, no existen elementos para su vinculación a proceso.

El defensor indicó que este jueves se desahogaron varios testimonios con el propósito de probar que Hernández Montalván se hallaba en su domicilio en el momento en que, supuestamente, se habría encontrado en una caseta de la autopista de San Cristóbal, el 19 de marzo pasado, con un revólver, y hurtado una cartera con 500 pesos a dos personas que iban a bordo de una camioneta.

Lara Duque especificó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el juez de control reconocieron excesivo, en términos jurídicos, mantener en prisión a Kenia, pues su comportamiento no pone en riesgo a nadie y la medida cautelar puede ser diversa a la prisión preventiva.

El litigante había advertido la fabricación de un delito en contra de la luchadora social, pues en la fecha en que presuntamente ocurrieron los hechos, ella se encontraba en el domicilio de resguardo otorgado por el mecanismo federal que la protege, al grado de que las fotografías que presentan son de un grupo diverso al que pertenece.

“La están acusando sin presentar ningún tipo de evidencia que verifique que se encontraba en la caseta realizando actos delictivos”. Incluso, la parte acusadora no presentó videos que prueben la presencia de Hernández Montalván durante la protesta, pese a que todas las casetas poseen sistemas de vigilancia y circuito cerrado de video, alertó el jurista.

“La Fiscalía acusa a la activista basada en una investigación particular que hizo la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense, donde detallan su perfil personal y político para fabricarle el delito”. Por tanto, aun cuando fuese vinculada a proceso, José Antonio Lara confió en que existen elementos de sobra para demostrar su inocencia y que la acusación es producto de su lucha social.