sábado, abril 27, 2024
Agreden a defensor de derechos humanos y muere en Edomex

Días previos también fue asesinado Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura: Zeferino Ladrillero

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero condena el asesinato del defensor del agua y agroecología Álvaro Arvizu Aguiñiga, quien falleció ayer, tras sufrir una agresión el pasado 13 de junio en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades mexicanas de todos los niveles, especialmente al gobierno del Estado de México, para que, con fundamento en los artículos 1°,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se investigue y sancione a los responsables.

El pasado 13 de junio, un grupo de personas no identificadas entró a las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), proyecto promovido por el Centro de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el fin de agredir al Investigador y defensor del agua y la agroecología, Álvaro Arvizu Aguiñiga, quien derivado de la agresión perdió la vida ayer lunes 19 de junio.

Además, los agresores amenazaron a su esposa, compañera de trabajo  y otro de los colaboradores, quienes previamente, fueron golpeados y amagados de pies y manos.

Cabe destacar que, el lunes 12 de junio, Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura, y doctor de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, sufrió un atentado en su casa, en la Cañada del Agua, en Tlalmanalco y posteriormente murió en el hospital de Zentlalpan, municipio de Amecameca, también Estado de México.

El CDH Zeferino Ladrillero pidió a las autoridades que se garanticen la vida e integridad al personal del CENTLI y solicitó la reparación del daño para las familias de los defensores.

Lo anterior deja en evidencia el grave riesgo que corren las personas defensoras de Derechos Humanos en México y particularmente el Estado de México, quien se consolida como uno de los estados más peligrosos para la labor de defensa de los derechos humanos.

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