Autoridades educativas deberán contar desde el próximo ciclo escolar con un protocolo para atender casos de bullying.

Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas para que, en los casos de acoso escolar o bullying, él o la acosadora garantice la reparación del daño moral y una indemnización o el pago de daños y perjuicios.

Lo anterior como parte de las reformas a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar estatal por las que se faculta a la Secretaría de Educación de la entidad a que elabore y expida el protocolo de actuación aplicable ante los actos de bullying en el ambiente escolar, así como su revisión y actualización anual. Este protocolo deberá estar listo para su aplicación a partir del próximo ciclo escolar.

Además, se estableció que semestralmente se aplicará una encuesta entre la comunidad educativa para identificar las escuelas con mayor incidencia de acoso, la cual servirá para aplicar acciones para atenderlo; que el acoso se prohíbe y será considerado como tal cuando se lleve a cabo en cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica; y que trimestralmente las escuelas informarán a la Secretaría sobre los casos que registren para respaldar el actuar de la autoridad.

También se señala que se considerará abuso el acoso escolar, verbal, a través de plataformas digitales, así como el físico, que genere repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales. También se instruye a dicha Secretaría a dar vista al órgano interno de control que corresponda en caso de incumplimiento de estas disposiciones, que deberá determinar a qué ente, público o privado, canalizará los casos que se presenten.

Fortalece Congreso acceso a los derechos sociales

El Pleno Legislativo aprobó por unanimidad establecer en la Constitución local que el Estado promoverá políticas públicas inclusivas que mejoren el bienestar, eleven la calidad de vida y consoliden la justicia social, para erradicar cualquier práctica discriminatoria que someta o limite el acceso a los derechos sociales y la dignidad humana.

El dictamen destaca que la Constitución facilitará la creación de estrategias, programas y acciones de gobierno y de la sociedad que, de manera subsidiaria e integral, articulen procesos que potencien y garanticen el desarrollo sostenible y con equidad que se transforme en bienestar y calidad de vida para la sociedad, lo cual permitirá el desarrollo de una política de desarrollo social.