Resguardar oficinas de Finanzas del GEM para evitar destrucción de documentos debe ser prioridad: Paulo Díez

Las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (GEM) tienen que ser resguardadas de inmediato por el equipo de transición de la Maestra Delfina Gómez Álvarez de Morena, ya que sus titulares podrían ordenar la destrucción de documentos relevantes con el objetivo de borrar evidencias de acciones irregulares y todo tipo de pruebas que permitirían iniciar procesos administrativos de deslinde de responsabilidades del manejo de la deuda, contratos, pagos a proveedores y compromisos inconfesables que muy probablemente han hecho los operadores de Finanzas del Poder Ejecutivo con empresas nacionales y trasnacionales, dijo el abogado Paulo Díez Gargari.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, titular del programa “De Análisis” que se transmite por la plataforma https://comunicadores.mx/ de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas, Paulo Díez, propietario de Paulo Díez S.T.C., explicó que los 100 mil millones de pesos que reclama la empresa Aleatica (antes OHL) que administra el Viaducto Bicentenario y Circuito Exterior Mexiquense no es real, y en caso de que en los últimos días del sexenio se reconociera o la próxima administración no lo evidenciara y dejara pasar el tema para luego intentar resolverlo, en automático el GEM estaría en quiebra técnica, porque no tendría fondos suficientes para hacer los pagos.

Durante la charla se precisó que la deuda reconocida por el GEM asciende a 54 mil millones de pesos; a los que se debe sumar los 24 mil millones de pesos por el esquema financiero de Proyectos Asociación Público Privados (PAPP) y Proyectos para Prestación de (PPS), así como los supuestos 100 mil millones que reclama Aleatica.

Por ello, se comentó, la deuda pública rondaría los 180 mil millones de pesos.   

La deuda, según Aleatica, que el GEM tiene con ellos asciende a 100 mil millones de pesos, dijo Díez Gargari tras recordar que ante dicha afirmación los funcionarios del gobierno estatal han callado, lo que se entiende como un silencio cómplice.

Recordó que por la concesión del Circuito Exterior Mexiquense operada por dicha empresa recibe cada año alrededor de 7 mil millones de pesos.

Es un concesionario, Aleatica, que opera de manera irregular y al cual recientemente Alfredo Del Mazo Maza, gobernador del Estado de México y Luis Gilberto Limón Chávez, titular de la Secretaría de Movilidad estatal, le “regalaron” otros 12 años de operación-ampliación de la supuesta concesión, ya que dicha cantidad de años fue extendida. Un acto a todas luces irregular registrado en agosto de 2020 y al que se identificó como el convenio de la vergüenza.

Según Díez Gargari, desde el 2005 a la fecha Aleatica habría cobrado aproximadamente 40 mil millones de pesos de peaje y dicen que se “les deben 100 mil más”, una situación falsa, comentó el especialista que durante la última década ha mantenido un largo litigio contra dicha empresa de origen español.

Durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, al abogado Paulo Díez le intentaron sembrar una arma para imputarle un delito (porque resultó ser una persona muy incómoda al poner al  descubierto los manejos corruptos en el otorgamiento de obras de vías de comunicación sin concesión), pero gracias a que una cámara captó el actuar delictivo de los policías ministeriales de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de México, se quedó al descubierto el proceder del gobierno estatal que tenía como objetivo meterlo a la cárcel para anular la presentación de más denuncias contra altos funcionarios mexiquenses y los directivos de la entonces empresa OHL de origen español, que hoy opera con el nombre de Aleatica, titular de la administración de las carreteras Viaducto Bicentenario, Circuito Exterior Mexiquense, Atizapán Atlacomulco, entre otras.

Paulo Díez consideró que el nuevo gobierno estatal tiene una enorme oportunidad de emprender acciones que permitan acabar con la impunidad e irregularidad en la operación de las carreteras concesionadas.

Opinó que los ciudadanos deben apoyar al gobierno de la Maestra Delfina Gómez, pero también exigir que se tomen las decisiones correctas encaminadas a recuperar las autopistas.

Se pronunció a favor que en el caso del Circuito Exterior Mexiquense, el nuevo gobierno, a través de auditores, investigue el monto real de dinero que invirtió la empresa Aleatica, es decir que deje fuera los préstamos que en su momento le hizo Banobras y los rendimientos producto de intereses.

De esa manera se puede determinar con exactitud cuánto dinero puso Aleatica para realizar la obra y a partir de ese dato sacar la proyección de su ganancia y si ésta ya fue superada, pues que se le retire la concesión y en caso de que el plazo para recuperar su inversión implique más años, pues que se le otorguen, pero no hasta el 2063 como lo tiene proyectado la empresa.

“Es muy sencillo, cuanto invertiste, cuanto has recuperado, si ya recuperaste devuelves la concesión, más todo lo que te llevaste; te faltan por recuperar 3 pesos, ajustamos los años que te falta para que los recuperes”, comentó el abogado.

Respecto de la resolución emitida por un juez donde no sólo le niega un recurso de amparo a Mario Uribe, abogado de Luis Limón, secretario de Movilidad del GEM, que tenía como fin negarse a entregar información relacionada con el Viaducto Bicentenario, Paulo Díez, explicó que en la resolución del juez también se advierte que dicho funcionario está obstruyendo la impartición de justicia, conducta que bien se podría estar configurando como un acto delictivo.

Se hizo requerimiento de datos al GEM y al SASCAEM, pero “Mario Uribe se negó, una y otra vez, a entregar la información”, subrayó Paulo Diez.

El juez le advirtió que, si seguía en esa postura, negarse a entregar información, no sólo le impondría la multa, sino también se podría configurar otro tipo de conducta a la que se le conoce como encubrimiento de la que no puede argumentar desconocimiento, porque se está ante abogados perfectamente profesionales, enfatizó.

Paulo Díez, ratificó que Julio Scherer, ex Consejero Jurídico de la presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, actúo de manera delictiva desde esa posición privilegiada porque protegió a los imputados en el caso Aleatica y junto con una red de abogados se dio a la tarea de extorsionar y actuar de manera irregular.

Traicionando la confianza del presidente López Obrador y la de todos los mexiquenses que esperaban otro tipo de comportamientos ante hechos de corrupción como la cometida por Aleatica que edificó el Viaducto Bicentenario sin contar con un título de concesión, bajo el argumento de que el GEM le otorgó el permiso a través de una concesión-convenio, el cual es invalido porque esa vía es de competencia federal, por lo que forzosamente tendría que haber pagado a la federación una concesión, situación que nunca sucedió, explicó el abogado.

 “Le vamos ganando centímetros a la justicia, con mucho esfuerzo y trabajo”, dijo tras sostener “estamos más cerca de llevar a estos señores de ponerlos ante la justicia”.

Por último, Paulo Díez advirtió que el presunto delito de encubrimiento podría llegar hasta el secretario, porque hay los elementos suficientes para advertir la operación de redes sofisticadas de corrupción en el Estado de México.