Necesario, contar con un sistema de justicia equitativo, coinciden Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González
Durante su comparecencia ante senadores de la República, Bertha María Alcalde Luján, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó que es necesario contar con un Sistema de Justicia más equitativo.
Alcalde Luján acudió ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, para exponer la idoneidad de su candidatura a la Suprema Corte.
Ahí, aseveró que la falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales, las cuales permean en el funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional.
Sobre la propuesta para elegir a las y los ministros de la SCJN por voto popular, dijo que está dispuesta a abrir el debate para analizar cuál es la mejor forma de designar a las y los juzgadores, pero la decisión deberá tomarla el Poder Legislativo.
Además, señaló que se requiere dotar al Sistema de Justicia de una mayor legitimidad, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, como los privilegios, el influyentismo y la corrupción.
En ese sentido, puntualizó que no basta con señalar aquellos jueces que cometen irregularidades, sino crear mecanismos más eficaces para identificarles y sancionarles.
También se pronunció a favor de reducir los salarios de las y los ministros de la Suprema Corte, ya que la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente.
Por su parte, Lenia Batres Guadarrama, aseguró que es necesario reencauzar la actuación del Poder Judicial “hacía el límite constitucional y legal, pues es una necesidad republicana y democrática”.
Refirió que en la Constitución Política se establece la división de poderes, por lo que cuando el Poder Judicial legisla al abrogar leyes aprobadas por el Poder Legislativo, “con base en principios que él mismo definió”, invade facultades de otro poder y “viola la Constitución”.
Así, señaló, el Poder Judicial “violenta el principio de actuación democrática que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo produzca las normas”.
Refirió que el Poder Judicial también ha extendido las facultades que la Constitución y las leyes le dan, pues ha violentado la Ley de Amparo al otorgar suspensiones con carácter general de leyes completas, como lo hizo con la reforma en materia electoral y la Ley General de Comunicación Social.
Advirtió que también viola la Ley de Amparo cuando suspende actos del Poder Ejecutivo, como fue la distribución de los Libros de Texto Gratuito; además que, desde 2010, debió haber acatado el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
Finalmente, María Estela Ríos González, afirmó que de ser designada hará efectivo el derecho que tiene la población a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
“Me comprometo a dejar de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera nublar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial que haga efectivo, para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”.
Comprendo -continuó-, que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativos y Ejecutivo deben mantener una relación equilibrada entre sí. Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro.
Explicó que lo secretarios de Estado y las secretarías de Estado son órganos públicos políticos-administrativos, que realizan obra pública, están encargados de cumplir con las políticas públicas, actos de autoridad que pueden incidir en la esfera de los particulares; además, deben rendir un informe y una comparecencia ante el Congreso de la Unión.
Reconoció que representa al titular del Ejecutivo federal y, en consecuencia, a la Federación, lo que le permite interponer acciones de inconstitucionalidad, responder las controversias constitucionales y algunos amparos en los que el Presidente es parte.
Dijo que, si se hace una interpretación, equiparándola como secretaria de Estado, “se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, derecho que está establecido no sólo en la Constitución, sino en diversos tratados internacionales”.
