Rechaza Poder Judicial señalamientos de violencia institucional como denunció la ex esposa del magistrado Ismael Hernández Alemán.

El Poder Judicial del Estado de México negó haber intervenido en favor del magistrado Ismael Hernández Alemán en los juicios y mediación con su ex esposa y, con ello, rechazó cualquier señalamientos de violencia institucional, como la denunciante lo planteó la semana pasada.

 “El Poder Judicial del Estado de México niega intervención alguna en asuntos personales de sus servidores públicos. Rechaza rotundamente haber ejercido algún tipo de violencia institucional hacia la ex esposa del magistrado referido durante juicio, ni proceso de mediación en el que solo participan las partes y un mediador, sin abogados”, precisó el organismo en una respuesta institucional.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) además reconoció la firma de un convenio entre las partes ante el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa que se concretó en agosto de 2022.

Precisó que este documento en que e acordó la distribución de bienes y pensión para la ex esposa, tiene la misma validez de una sentencia.

Además, asegura que su relación con la denunciante es cercana, de contacto constante, “tan es así que aún es integrante activa del Voluntariado del PJEdomex, conformado principalmente por esposas de servidores judiciales, y participó en la última actividad del 2023 -organizada en el mes de diciembre-por este organismo”.

Está aclaración ocurre después de que la ex esposa del magistrado solicitara la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para evitar su desalojo y el de sus hijos de una casa propiedad del magistrado.

En el vídeo difundido a través de redes sociales, la mujer acusa que el Poder Judicial estatal y su presidente, Ricardo Sodi, actuaron en favor de su esposo para resolver la denuncia que entabló en su contra por violencia intrafamiliar.

Afirma que Sodi Cuéllar se negó a recibirla para exponerle el caso, que la jueza tomó partido en favor del magistrado, que no aceptaron sus pruebas, y que el Poder Judicial mexiquense aceptó la mediación cuando la ley lo impide si se trata de una demanda con violencia.