domingo, junio 23, 2024
Piden a SCJN iniciar proceso penal contra Alejandra del Moral 

Que se deslinden responsabilidades por las dos denuncias penales contra la candidata del PRI: Faustino de la Cruz

Luego de que el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se de cumplimiento a la Controversia constitucional 66/2005 y se inicie procedimiento penal contra Alejandra Del Moral Vela, ex presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, por simular la entrega-recepción de obras de urbanización en el Conjunto Urbi Hacienda Balboa, en perjuicio de más de mil familias, el diputado Faustino de la Cruz exigió que las autoridades correspondientes deslinden responsabilidades sobre la aspirante del PRI a la Gubernatura.

Esta mañana, en conferencia de prensa afuera de la SCJN, donde entregó un oficio a Norma Piña y a todos los ministros de la Corte, José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la organización mencionada refirió que la Controversia resuelve que las autoridades que hayan recibido dinero con motivo de la autorización del conjunto urbano lo restituyan al municipio, incluso con las consecuencias legales de la retención, toda vez que hoy el Edomex enfrenta un quebranto financiero por 185 mil millones de pesos por 369 conjuntos urbanos autorizados desde el gobierno de  Arturo Montiel hasta la fecha.

Por ello, los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos expedidos después del 2005 para la construcción de los conjuntos habitacionales Urbi Quinta Montecarlo y Urbi Quinta Hacienda Balboa ubicados en Cuautitlán Izcalli, son inconstitucionales por las ilícitas licencias de uso de suelo, y por el acuerdo sexto en donde se otorgan el dinero o las fianzas para la autorización de su construcción, a favor del Gobierno del Estado de México por el 100 por ciento de su valor y para garantizar la entrega de las obras de urbanización y equipamiento.

El citado Acuerdo Sexto es inconstitucional, toda vez que se tiene que restituir este dinero o las fianzas al municipio,  como lo señaló el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la sesión del 14 de octubre de 2008, subrayó.

Aseveró que como presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Paulina Alejandra del Moral simuló el acta de entrega recepción de las obras de urbanización del Conjunto Urbi Hacienda Balboa, que señala que se entregan de manera parcial 26 mil 129 metros cuadrados de obras cuando solo fueron vialidades tal como lo establece el acta de entrega parcial del 3 de diciembre de 2009.

Las obras de urbanización que simularon entregar en el Gobierno de Del Moral fueron red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria y los sistemas para el ahorro, reúso y tratamiento del agua, red separada de drenaje pluvial y sanitario, sistemas para su manejo, tratamiento y para infiltración del agua pluvial al subsuelo, red de distribución eléctrica y red de alumbrado público.

“Las obras de urbanización aún no han sido entregadas y municipalizadas, pero Alejandra del Moral es la responsable por haber legitimado y devuelto a la empresa constructora las fianzas para garantizar las obras de urbanización por la cantidad de 115.5 millones de pesos, sin que se realizaran y no tenían que haberse vendido las 1049 viviendas ni haber protocolizado ante notarios públicos los contrato de compra venta y los contratos de interés y garantía hipotecaria”, denunció el activista.

Pero lo más grave de Alejandra del Moral es el incumplimiento a la Controversia Constitucional 66/2005 y desacatar lo ordenado por los 11 ministros de la SCJN y sobre todo porque no exigió la devolución de los recursos de las fianzas, por lo que las averiguaciones previas no han prescrito del fuero común AP AV/PRE/11/14/2011 radicada en la FGJEM y la del fuero federal AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011 radicada en la FGR.

Al respecto,  el diputado Faustino de la Cruz, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano subrayó que Alejandra del Moral que presume en sus mítines de no haber sido observada por irregularidades en alguno de sus cargos, debe responder por esta denuncia que afectó a miles de familias del municipio que gobernó.

“Es menester que se revise y se deslinde toda responsabilidad de la hoy candidata del PRI, nadie puede estar por encima de la ley”, aseveró el diputado de Morena.

De acuerdo con José Humbertus Pérez, la jurisprudencia que estableció en materia de desarrollo inmobiliario la SCJN, trató de evitar lo que a la postre se convirtió en el Cártel Inmobiliario del Estado de México, en los mandatos de los exgobernadores Arturo Montiel   Enrique Peña y Eruviel Ávila,  pues no ha sido acatado por el Gobierno del Estado y que incluso la propia Secretaría de Desarrollo Urbano ha respondido vía transparencia no contar con archivos sobre el cumplimiento de la sentencia mencionada.

También el acta simulada del 03 de diciembre de 2009 que avaló Del Moral es la documental pública con oficio 224024000/057/2011 del 4 de febrero de 2011 de la autorización  del plazo perentorio y firmada por el Director de Operación Urbana y el director técnico para Autorizaciones Urbanas de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

“La controversia trató de evitar lo que viviríamos a la postre con el Cártel Inmobiliario, para que los municipios recuperaran sus fianzas y para que los constructores no cometieran irregularidades y generar la debacle de la vivienda y la crisis que existe en muchos conjuntos habitacionales del país y que es parte de proyecto destructor del PRI que quiere continuar”, denunció Humbertus.

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