Deudores alimentarios y agresores no deben tener cargos públicos, propone Morena.

El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño propuso a nombre del Grupo Parlamentario de Morena reformar diversas disposiciones legales de la entidad, para prohibir que los deudores alimentarios y agresores por violencia intrafamiliar, no puedan acceder a cargos públicos y de representación popular.

Recordó que la violencia en contra de las mujeres en México, y particularmente en la entidad es alarmante, pues más de la mitad de las mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento.

“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”, apuntó Gutiérrez Cureño.

El proyecto retoma el trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas”, que a nivel nacional impulsa la “el 3 de 3 de violencia de género”, donde se propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual, y no ser agresor por razones de género.

Aunque la iniciativa comprende a todas las personas servidoras públicas del Estado de México, hace énfasis en cargos de Gobernador, diputados, integrantes de los Ayuntamientos, titulares de las dependencias, organismo y entidades del Ejecutivo, Fiscal General de Justicia, integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, magistrados y jueces, defensores públicos, Consejeros Electorales, Magistrados Electorales, Contralores, y Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.