La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al considerar que parte de su contenido es contrario a la constitución en lo que se refiere al régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.
Por Claudio Jaime
La COFECE dio a conocer en su sitio web, que, en uso de sus facultades y competencia interpuso ante la SCJN una controversia constitucional contra el Decreto de reforma de Ley de la industria Eléctrica, precisando que bajo el esquema constitucional vigente es esencial que existan ciertos requisitos para que los mercados de generación y suministro puedan operar en condiciones de competencia.
El órgano autónomo señala que de entre las condiciones de competencia se encuentran:
- La posibilidad de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de cualquier generador a las redes de distribución y transmisión eléctrica.
- Que el despacho de energía se rija por criterios objetivos y de eficiencia.
- Que el operador, el Centro Nacional de Control de Energía y el regulador la Comisión Reguladora de Energía, operen de manera independiente e imparcial, sin favorecer ni otorgar ventajas indebidas a ningún participante.
Sin embargo, la Comisión precisa que el Decreto que se impugna, entre otras aspectos:
- Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.
- Elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.
- Diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello.
- Permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.
La COFECE finaliza su comunicado declarando que bajo sus atribuciones y a su juicio las medidas contenidas en el Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general.
