La activista fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de robo con violencia; enfrenta otras cuatro causas penales en su contra.

Kenia Inés Hernández Montalván, activista y defensora de derechos humanos de mujeres y grupos indígenas, aseguró que su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Morelos, tiene su origen en las ganancias millonarias que deja la operación de las autopistas privadas que operan grupos empresariales transnacionales que son protegidos por el actual presidente del país Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista telefónica con el programa De Análisis que conduce Luis Pantoja Ríos, director de la plataforma de información Comunicadoresmx, desde su reclusión la activista Kenia Hernández detenida el 20 de octubre de 2020 por el supuesto delito de robo con violencia durante una protesta que junto con decenas de personas protagonizó en una caseta de cobro, aseguró que es una presa política porque el presidente López Obrador no quiere que siga protestando porque en los hechos él se convirtió en el defensor de los intereses económicos de grandes corporativos de empresas extranjeras que operan un gran número de carreteras de la zona centro del país.

Confesó que para que las autoridades penitenciarias le permitieran realizar la llamada telefónica y ejercer su derecho de comunicación, tuvo que realizar un gran número de trámites, por ello le enfatizó a López Obrador que no podrá seguir encerrando a las personas que no piensan como él.

Aseguró que hasta el momento la Fiscalía y área jurídica de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ni la parte acusadora que es la asociación de empresas operadoras de autopistas privadas que operan en México, han logrado aportar ni una sola prueba que demuestres su acusación que consiste en el delito de robo cometido con violencia.

Pese a lo anterior, la activista dijo que sigue privada de su libertad porque el juez que lleva su caso, tiene la consigna de no dejarla en libertad y la Comisión de Derechos Humanos Nacional (CNDH) no ha realizado ninguna acción sustantiva para garantizar sus derechos fundamentales.

“No hay ninguna sola prueba en mi contra”, dijo tras retar a la Fiscalía a ofrecer la totalidad de los videos donde se observa que ella nunca cometido el delito de robo y mucho menos algún acto violento.

Consideró que si la autoridad (parte acusadora) tuviera esa prueba, durante la protesta en la que participó los policías la hubieran detenido en flagrancia, situación que nunca sucedió y su detención se verificó días después al supuesto ilícito.

En este sentido Kenia Hernández recordó que en una de las audiencias la representante de CAPUFE de manera textual dijo al juez que no se le debería otorgar la libertad porque la acusada es “muy inteligente” y de inmediato realizaría acciones para seguir protestando en las casetas de cobro ubicadas en las carreteras del país.

La detención de Kenia se verificó en la caseta de Amozoc, Puebla a las 20:50 horas cuando, en compañía de otros defensores, viajaba de regreso a la entidad mexiquense.

“La defensora y activista fue detenida con lujo de violencia por policías que no le mostraron ninguna orden de aprehensión y quienes no portaban ningún distintivo que determinara a qué corporación pertenecían. Al parecer los elementos que detuvieron a Kenia tenían identificado el vehículo en donde viajaba la defensora, puesto que se dirigieron a su auto de manera directa y la subieron a una patrulla, sin que sus compañeros pudieran seguirla para saber a dónde se dirigían”.

Precisa el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero en su portal de internet donde también se establece que la causa penal 630/2020 ante la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez del Estado de México, expediente con el que se sigue dicho proceso penal contra la activista.

Durante la entrevista con COMUNICADORESMX, Kenia Hernández consideró que su condición de indígena y miembro del Frente Popular de la Montaña, sí influyó para que se le inicie un proceso penal plagado de irregularidades.

En este tenor narró que su activismo se intensificó luego de que varios integrantes del Frente Popular de la Montaña, entre los que se encontraba el “camarada Arnulfo Cerón Soriano”, fueron reportados como desaparecidos y posteriormente localizados sin vida.

Hecho que indignó a decenas de indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos de la zona centro del país y a su vez activó a grupos de paramilitares a los cuales siempre ha confrontado, esgrimió la activista Kenia.

Explicó que, aunque ella y su defensa jurídica han explicado y aportado pruebas de su inocencia, el juez no se ha movido de su posición y la ha mantenido privada de su libertad de manera injusta, puntualizó tras recordar que se mantuvo durante 71 días en huelga de hambre, situación que generó un deterioro a su salud.

“Tengo que decirles que no desistan, la verdad nos hará libres. Los periodistas tienen el trabajo de comunicar la verdad, aunque el gobierno no quiere que se sepa la verdad y nos quiere acallar”, concluyó tras hacer un llamado desde su reclusión a nunca claudicar en denunciar las injusticias y evidenciar las mentiras y promesas incumplidas del gobierno federal que encabeza López Obrador y su posible complicidad con los políticos mexiquenses de Atlacomulco.

SENTENCIA DE 10 AÑOS PARA LA ACTIVISTA

El pasado 19 de febrero, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez dictó sentencia de 10 años y 6 meses de prisión a Kenia Hernández Montalván por el delito de robo con violencia contra la empresa Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V., y una multa de 21 mil pesos.

Aparte de esta sentencia, Kenia enfrenta otros cuatro cargos en su contra; dos de estas acusaciones fueron archivadas, y otras dos están en curso.

Kenia permanece en prisión en el Penal de máxima seguridad Femenil de Coatlán Del Río, Morelos.