El Estado tiene la obligación de garantizar una estancia decorosa de las y los internos.

Por Eduardo Alonso

Myrna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sostuvo que la problemática de sobrepoblación de Personas Privadas de su Libertad en el Sistema Penitenciario mexiquense se profundiza en las mujeres.

La titular de la institución que tiene como objetivo hacer valer los derechos humanos de las y los mexiquenses que permanecen bajo proceso jurídico y/o ya han sido sentenciados en cárceles estatales, puntualizó que el sistema penitenciario del Estado de México enfrenta un gran número de problemáticas, entre otros factores, porque su capacidad de atención ha sido excedida desde hace varios años.

Es de destacar que la autoridad penitenciaria estatal ha señalado que los Centros de Readaptación Social en la entidad tienen capacidad para albergar entre 17 a 18 mil internos, pero en estos momentos hay alrededor de 35 mil personas.

Dicho escenario, explicó Myrna García  desencadena múltiples retos para la autoridad, específicamente para las áreas gubernamentales encargadas de los Centros de Readaptación Social estatales, ya que el riesgo de que se violenten sus derechos humanos es latente.

Precisó que la sobrepoblación afecta en mayor medida a un sector, las mujeres, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con la atención que requieren, como es un sistema de salud acorde a sus necesidades.

Por ello, aseverar que son las más vulnerables en dicho Sistema Penitenciario, es una realidad, sostuvo García Morón.

Refirió que en general los internos mexiquenses se encuentran en situación de vulnerabilidad, no por el delito que estén enfrentando, sino por las condiciones en las que se encuentran al interior de los Centros.

La titular de la Codhem aseveró que todo sistema con sobrepoblación inevitablemente registra situaciones no decorosas para las Personas Privadas de su Libertad, por lo que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos están obligadas a realizar las acciones necesarias para que las autoridades competentes, gobierno estatal, en la medida de sus capacidades, emprendan acciones concretas que garanticen una estancia con condiciones aceptables.