domingo, junio 23, 2024
Finanzas debe abrir expediente de sanciones

Infoem ordenó a la Secretaría de Finanzas entregar información de servidores públicos con responsabilidad administrativa.

Durante la 32ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo autónomo, se reiteró a los sujetos obligados que la información pública no sólo es la que se administra, sino también la que se genera y se posee.

Los órganos internos de control (OIC) o áreas de contraloría interna promueven, evalúan y fortalecen el buen funcionamiento de las dependencias y son competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades, por lo que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) revocó la respuesta de la Secretaría de Finanzas y le ordenó que entregue la información relativa a la cantidad de resoluciones o casos que se hayan dictado, al tener responsabilidad administrativa alguno de sus servidores públicos, durante el año 2022; señaló José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente de este organismo garante.

En el marco de la 32ª Sesión Ordinaria del Pleno del Infoem, el Comisionado Presidente expuso un proyecto de resolución, en el cual explicó que un particular solicitó a la Secretaría de Finanzas que le hiciera saber la cantidad de casos en los que sus servidores públicos tenían alguna responsabilidad administrativa; sin embargo, esta dependencia del Poder Ejecutivo negó la entrega y le indicó a la persona que debía presentar una nueva solicitud, pero ante la Secretaría de la Contraloría, quien es la responsable de responder a dicha petición, ya que agrupa no sólo a su OIC, sino a todos los OIC de este Poder estatal.

Al respecto, la Comisionada Sharon Morales Martínez expresó que el OIC de la Secretaría de Finanzas tiene, entre sus funciones, investigar estas responsabilidades, por lo que sí genera la información. Aunado a ello, la ley en la materia estipula que todos los sujetos obligados deben publicar en sus portales de transparencia, las sanciones administrativas de las cuales hayan sido objeto sus servidores públicos, por lo que para este Pleno es importante permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información que los sujetos obligados generen, administren o posean.

Sobre este caso, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña consideró que la normatividad aplicable es clara, pues el OIC se encuentra adscrito a la Secretaría y ésta le asigna presupuesto para el cumplimiento de sus funciones; por lo que ambos sujetos obligados son responsables de transparentar la información generada en el ejercicio de los OIC; máxime que se acreditó al competencia del OIC para investigar y calificar las faltas administrativa, así como la sustanciación y resolución de los procedimientos respectivos.

En su participación, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala celebró esta resolución, que refuerza la labor que ha hecho este instituto, pues si bien, algunos sujetos obligados no están de acuerdo en que los OIC entreguen la información, toda vez que también dependen de las decisiones de la Secretaría de la Contraloría; no hay forma para que no puedan hacer la entrega porque sí tienen la información. Añadió que se sostuvieron diversas reuniones con la Secretaría de la Contraloría, donde la decisión firme fue que no era necesario triangular para que la persona solicitante tuviera la información clara y prontamente.

Finalmente, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega subrayó que la Secretaría de Finanzas pretendió dilatar el derecho de acceso a la información por aspectos técnicos, a pesar de que los particulares no se encuentran obligados a ser expertos en la materia administrativa, burocrática jurídica ni de ningún tipo, de tal manera que queda claro que este derecho humano pueda hacerse improcedente por aspectos técnicos, pues sólo puede ser restringido cuando se cause daño al interés público o se afecten derechos de terceros.

Cabe destacar que, derivado del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, durante esta sesión, el Pleno acordó la imposición de 115 medidas de apremio, de los cuales 89 fueron apercibimientos y 26 fueron amonestaciones públicas.

 

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