Hay procesos penales contra 11 funcionarios universitarios por la alteración de cheques.

“No estamos aquí para darle gusto a nadie, ni solapar a nadie… cumplimos con nuestra obligación”, precisó Victorino Barrios Davalos, titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), tras dar a conocer el número de casos que han detectado, investigado y fincado responsabilidades administrativas e incluso penales en contra  de funcionarios públicos de la institución educativa de nivel superior más importante de la entidad; las conductas corruptas van desde  desvío de recursos-dinero, falsificación de cheques, cobrar salario sin trabajar, hasta entrega de bonos económicos irregulares, consolidarse como autoprovedores, entre muchos otros que son claramente contrarios a las normas de la institución.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y creador de la plataforma de información https://comunicadores.mx/  por donde se trasmite el programa “De Análisis” de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas, Victorino Barrios, ex contralor del Poder Legislativo y uno de los principales impulsores de acciones concretas para combatir la corrupción en el Estado de México, precisó que a partir de la creación del Órgano, titulares de diferentes áreas de máxima casa de estudios de la entidad mexiquense han dejado de realizar actos irregulares, pero otros no, por lo que las 49 personas que colaboran en el área continúan investigando y encontrando actos de presuntos desvíos de recursos públicos, de dinero.

Precisó que uno de los más recientes hallazgos fue que el Jefe de Mantenimiento de la Unidad Académica de Chimalhuacán, presuntamente, era el proveedor de suministro de pipas de agua e incluso hasta gas. Caso que se investiga en estos momentos.

Dicha autoproveduría aparentemente se venía realizando desde el año 2018, por tal motivo se iniciaron diversos esquemas de investigación relacionados con millones de pesos.

Otro asunto que algunos de los funcionarios especializados que están adscritos al Órgano Interno de Control, en estos momentos indagan una especie de bono y/o indemnización que 168 personas habrían cobrado con montos que van desde 20 mil hasta los 204 mil pesos por concepto de riesgo sicosocial.

Hay 168 servidores públicos universitarios a los que se les entregó una “indemnización” por riesgo sicosocial que va de los 20 a los 204 mil pesos, precisó.

Situación extraña que deberá ser aclarada a la brevedad, ya que el Órgano inició 168 expedientes de igual número de trabajadores. 

Victorino Barrios precisó que el concepto sí existe en la Norma Oficial Mexicana y se promovió hace un par años para trabajadores de lugares difíciles, insalubres y/o con operación nocturna.

“Si me salen (el área contable de la Universidad) que es un adelanto de aguinaldo, que me expliquen cómo ahí no se cobró el Impuesto Sobre la Renta”, precisó tras sostener que hay versiones no oficiales que algunos trabajadores exigen el pago-indemnización por dicho concepto de riesgo sicosocial.

Es de destacar que a raíz del caso periodístico y luego penal denominado “estafa maestra” registrado a nivel nacional luego de que la Secretaría de Desarrollo Social federal (sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto) encargó a directivos de Universidades publicas estatales, entre ellas la UAEMex, trabajos que nunca se hicieron o se realizaron a sobreprecios, costos inflados, hubo pagos de miles de millones de pesos.

El Congreso local, a propuesta de las y los diputados de Morena, modificaron la ley para que en la Universidad estatal existiera un área que observara y auditara las actividades de la institución con el objetivo de detener y erradicar la comisión de actos de corrupción.

Fue así como Vitorino Barrios llegó al área que él creó para, entre otros objetivos, erradicar la corrupción.

La maniobra de las y los diputados generó una frontal oposición del ex Rector Alfredo Barrera, a tal grado que obligó que las y los trabajadores  salieran a las calles a  protestar;  pese a ese tipo de obstáculos se creó el Órgano Interno de Control que ha realizado las siguientes acciones, precisó durante la entrevista Victorino Barrios: Hay personas suspendidas de la Universidad porque se les comprobó la irregularidad; por primera vez en la historia de la Universidad, personal de la Fiscalía estatal acudió a sus instalaciones a realizar una diligencia (intervenir computadoras y recabar documentos) por actos de presunta corrupción; hoy los funcionarios consultan al Órgano si pueden entregar bonos; hoy se registran denuncias anónimas, las cuales sí se investigan.

Hoy se investiga a personas que no declararon la recepción de bonos-dinero que les otorgó la Universidad; hoy existen reportes cuatrimestrales de todas las actividades del Órgano; hoy la sociedad tiene datos duros de la “estafa maestra”, precisó el Barrios.

Añadió que personal del Órgano logró conocer el asunto de cheques alterados que involucran millones de pesos desviados (caso que sigue en investigación), situación que generó la denuncia penal contra 11 funcionarios de la Universidad; se detectó la existencia de cinco nóminas alternas a la oficial.

Se anularon los cobros (pago de salarios) que ex Rectores y directivos venían realizando, pese a que ya no prestaban ningún servicio a la Institución educativa.

“Se les seguía pagando sin que trabajaran”, subrayó.

Añadió que también se detectó que algunas instalaciones de la Universidad eran empleadas como si fueran patrimonio personal de determinadas personas-funcionarios directivos, situación que se anuló.

Se confirmó que familiares de algunos profesores que habían fallecido no habían logrado recibir el pago de sus seguros que ellos mismos habían pagado con recursos propios; se anularon las “donaciones” de 3,500 pesos que se les exigía para que los estudiantes pudieran titularse “eso ya se quitó”, dijo. 

Antes de la existencia del Órgano Interno de Control “cuántas veces supieron de actividades de profesores que tenían Categoría F y tenían dos actividades”, es decir cobraban en dos dependencias, eso se eliminó.

“Hoy los ex Rectores ya piden licencia para irse a otro trabajo”, es decir se les anula su salario en tanto están desempeñándose en otra Institución; hoy se empieza a utilizar la Ley de Adquisiciones; hoy ya se reconocen como servidores públicos, porque antes sólo realizaban declaración patrimonial 638 trabajadores, pero cuando llegamos ya declaran 7,202 funcionarios de la Universidad.

Victorino Barrios precisó que hoy los altos funcionarios y ex Rectores tiene que regresar las camionetas, coches, computadores que tenían a su cargo.

Nunca había sucedido eso en la Universidad, mencionó durante la entrevista.

Acciones, precisó, que son públicas y están disponibles en la página de la UAEMex, expresó al aludir  a los universitarios que se manifestaron para exigir que en la Universidad se erradique la corrupción y se castigue a las personas que han encontrado en la institución un espacio propicio para cometer delitos porque saben que sus acciones irregulares no tienen consecuencias.

El titular del Órgano Interno de Control, Barrios Dávalos, dio a conocer que los recursos autogenerados por servicios que presta la UAEMex ascienden a 920 millones de pesos.

Monto económico de carácter público que nadie audita, es decir ningún ente supervisa y por ende nadie sabe con certeza a dónde se destinan.

Ante peticiones de auditorías a dichos recursos el Consejo Universitario, donde participan estudiantes, maestros y directivos, se ha opuesto a que exista una auditoría, postura que es incompresible toda vez que dicha instancia es un órgano colegiado que en teoría está a favor de la legalidad, transparencia y en pro de las mejores prácticas de la UAMex.

Por último, Barrios Dávalos, sostuvo que ante dicho escenario de utilización de recursos que no son auditados, entre otros rubros, la Universidad tiene la posibilidad de no cobrar ni un solo pesos a los estudiantes.