En México hay que cuidarse de los criminales, pero sobre todo del sistema de “justicia”: José Humbertus Pérez Espinoza

La detención arbitraría de personas y fabricación de delitos es común en México y por ello durante décadas a lo largo y ancho de todo el país, en cada una de las cárceles federales, pero sobre todo en las estatales, hay miles de personas que están privadas de su libertad injustamente; algunas ya han sido sentenciadas y otras siguen bajo proceso que se ha prolongado, en algunos casos, por más de diez años, expuso José Humbertus Pérez Espinosa, fundador de la asociación civil Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos.

Ante las y los relatores de la representación del Estado, así como integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el también fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.; Pérez Espinosa, puntualizó que en México es muy común que la fabricación de falsos culpables inicie con una detención arbitraria.

“Estas detenciones son una práctica común entre elementos de corporaciones policiales o de seguridad pública que criminalizan a personas ajenas a los delitos de los cuales son acusados”, dijo Pérez Espinosa, quien estuvo acompañado de las y los titulares de la también asociación civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad.

Explicó que los denominadores comunes de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), identificadas por las asociaciones civiles como “falsos culpables”, consisten en que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual, pertenecen a algún grupo indígenas y/o son personas en situación de extrema pobreza, defensores de derechos humanos, así como activistas sociales, entre otros.

Y detalló como son los procesos de la supuesta “justicia” mexicana:

“Posterior a la detención arbitraria, las personas son ingresadas en los penales, lugares en los que, en la mayoría de los casos, tardan años en espera de un juicio, violando así la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona”.

Aunado a lo anterior se suma la nula garantía de contar con un debido proceso, subrayó.

Un claro ejemplo de esto último dijo, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, personas que pasaron más de 17 años en cárceles del Estado de México sin ser sentenciados, es decir el sistema de justicia de dicha entidad jamás logró comprobar su culpabilidad y los mantuvo presos bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. No hubo sentencia porque eran inocentes del delito que se les acusaba, subrayó José Humbertus Pérez Espinosa, quien vivió en carne propia una situación muy similar al pasar cinco años de su vida en prisión luego de que el sistema le intentó fabricar varios delitos.

Grave deficiencia del sistema de “justicia” que amerito una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de García y Reyes.

La fabricación de culpables se ha generalizado en todo el México; miles de personas son llevadas a los Ministerios Públicos, posteriormente ante Jueces y luego a los reclusorios porque el sistema les fabricó delitos, y los verdaderos autores de los crímenes no son detenidos, mencionó el dirigente social.

José Humbertus, especialista en derechos constitucional, sostuvo que el sistema de justicia nacional registra una falla estructural donde está presente, desafortunadamente, la corrupción, ineptitud, omisión, carencia de ética y profesionalismo, así como el comportamiento iregular e incluso delictivo de policías municipales, estatales y de investigación, así como Ministerios Públicos, Jueces, custodios de penales y directivos de estos.

Corrupción, extorsiones, irregularidades, abuso y acoso sexual, junto con la comisión de delitos al interior de las prisiones, es la denuncia constante que hacen a las autoridades penitenciarias y organismos de derechos humanos, tanto la PPL, como sus familiares, recordó.

La Prisión

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional en México, la Población Privada de la Libertad asciende a 231 mil 907 personas, de las cuales 218 mil 778 son hombres (94.34%) y 13 mil 129 mujeres (5.66%).

La Población Privada de la Libertad del Fuero Común es de 201 mil 941 (87.08%), de éstas están bajo proceso 80 mil 352 (34.65%) y sentenciadas 121 mil 589 (52.43%).

La Población Privada de la Libertad del Fuero Federal asciende a 29 mil 966 (12.92%), de los cuales 13 mil 219 (5.70%) están bajo proceso y 16 mil 747 (7.22%) ya han sido sentenciadas.

Los Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno Federal son 14; los Centros  que dependen del Gobierno de la Ciudad de México son 13. Los Gobiernos Estatales cuentan con 258 Centros.

En el caso del Estado de México, el Sistema Penitenciario cuenta con 23 Centros-cárceles con capacidad para albergar a 14,327 internos, pero su población asciende a 35,256 personas.

Según el estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 44 de 233 centros penitenciarios contaban con estructuras de autogobierno en las que las Personas Privadas de Libertad realizaban funciones de personal.

De acuerdo con la información del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, solamente el 42% de la Población Privada de la Libertad tiene una sentencia.

Por último, José Humbertus Pérez Espinosa, solicitó al Estado mexicano invitar a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, a visitar nuestro país.

Lo anterior, puntualizó, con la finalidad de que su personal especializado realice una visita a los penales; también planteó que el Sistema Penitenciario mexicano realice un reporte a detalle de la problemática y éste sea de acceso público.

Humbertus Pérez Espinosa concluyó precisando que en 15 días enviará a la CIDH, una lista de casos paradigmáticos de PPL a los que se les han fabricado delitos y padecido dilación de justicia.