Seis grupos de manifestantes le dan la “bienvenida” a Delfina Gómez.

Por Eduardo Alonso

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos protagonizaron seis manifestaciones, con demandas muy específicas, frente a la oficina de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México.

Fue así como le dieron la “bienvenida” a la nueva titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, pues se apostaron frente a su oficina para exigirle una audiencia y solución inmediata a sus diversas problemáticas, bloqueando por alrededor de seis horas la calle de Lerdo.

La movilización inició la mañana del lunes con un grupo de maestros provenientes de planteles educativos que son impulsados y operados por la organización social “Forjadores de la Patria”, también fundadores de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl con fuerte presencia en dicho municipio ubicado en el oriente de la entidad.

Los maestros exigieron a la autoridad estatal que encabeza Delfina Gómez atención urgente para una docena de planteles-escuelas que operan en malas condiciones, ya que carecen de la infraestructura educativa para prestar un buen servicio; también exigieron el reconocimiento, con salarios dignos, de la totalidad de su planta docente-maestros que atiende a aproximadamente 8 mil alumnos todos los días.

La segunda movilización fue lidereada por el señor Martínez, quien, en representación de vecinas y vecinos de la comunidad mazahua de San Felipe de la Rosa, ubicada en el municipio de Villa Victoria, pidieron a la titular del Poder Ejecutivo estudiar el expediente a través del cual hacen el planteamiento de conformar el municipio 126, es decir que su comunidad se convierta en un nuevo municipio.

Recordaron que la autoridad local no tiene capacidad para dotarlos de servicios básicos, por lo que es necesario que la comunidad se conforme como municipio, ya que a partir de ahí hay posibilidades reales que mejoren sus condiciones de vida cotidiana, pues tendrían presupuesto suficiente para resolver sus diversas problemáticas. 

La tercera movilización, la más numerosa, fue protagonizada por alrededor de 200 pensionados y pensionistas del ISSEMyM; entre sus demandas estaba el pago de la totalidad de sus pensiones, ya que sólo, según su versión, el 25% de más de 2 mil pensionistas habían recibido su pago en tiempo y forma; también demandaron agilizar sus procesos de dictaminación a través de los cuales pueden alcanzar su pensión.

Acusaron que dicho trámite, las áreas administrativas lo han estado postergando durante los últimos años, y la consecuencia es que todos los que ya se quieren jubilar y cumplen los requisitos no lo han podido hacer.

El cuarto grupo de manifestantes provenía de la comunidad San Felipe Tlalmimilolpan, ubicada en la periferia del municipio de Toluca; su demanda consistió en el estudio y análisis del expediente que generó la “expropiación” de un predio ubicado en la colonia Álamos, el cual fue realizada por la autoridad municipal de Toluca; precisaron que dicho espacio, irónicamente, en su momento (trienios atrás) fue donado por las y los vecinos a la autoridad municipal, ya que su destino sería comunitario y no para beneficio de un particular. Por lo anterior, consideraron que esa donación es irregular.

El quinto grupo de manifestantes estaba integrado por un grupo de jóvenes aglutinados en el colectivo “No al Tarifazo”, los cuales, con pancartas en mano, también, se apostaron frente a Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio a la Oficina de la Gobernadora, así como a la Cámara de Diputados.

Entre sus demandas, están:

* La implementación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables como personas de la tercera edad y estudiantes.

* Convenios y sistemas de transporte público gratuito en las universidades públicas.

* Democratización de los presupuestos, detener obras de infraestructura vial que benefician a una minoría motorizada para invertir en el transporte público que mueve a las mayorías.

* Conforme a la ley, construir corredores de transporte público eficiente, de calidad, seguro, libre de violencia de género, respetuoso con el medio ambiente y accesible para personas con discapacidad.

* Erradicar y visibilizar las violencias sexuales que se ejercen contra mujeres e infancias en el transporte público con objetivos medibles de forma integral desde la comunicación, difusión, cultura, infraestructura y tecnologías.

* No más alzas al costo del transporte público; homologar el costo del pasaje con la capital del país.

* Se legisle para que los ajustes al costo del transporte público sean aprobados por la legislatura y no por el secretario de movilidad.

* La implementación inmediata del Fondo de Movilidad para Ciclistas y Transeúntes del Estado de México, con la intervención y vigilancia de las organizaciones sociales y colectivos.

* No se entreguen recursos públicos a empresarios transportistas que operan bajo el obsoleto modelo “hombre/camión”, y en su lugar se invierta en infraestructura de transporte público seguro y accesible que beneficie a la población y en particular a grupos vulnerables.

* La armonización de la ley de movilidad del Edomex, garantizando la inversión en infraestructura de transporte conforme la prioridad de la “Ley General de Movilidad y Seguridad Vial” federal, considerando el título 2do sobre el “otorgamiento de concesiones” del 2015 -que sigue sin cumplirse-,  para cambiar del modelo de concesión por unidad a concesión por corredor y gradualmente estructurar el servicio en todos los municipios, con el fin de hacerlo más eficiente, acabar con transporte irregular y abolir la guerra del centavo.

* Evaluación exhaustiva de las necesidades de las personas usuarias de las líneas del sistema BTR Mexibús existentes y organización de estudios para diseñar mejoras, alimentadores y ampliaciones a las líneas.

Demandas de las y los jóvenes realizadas con fundamento en los artículos 8 y 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, el sexto grupo de manifestantes lo protagonizaron las y los integrantes del colectivo “Haz valer mi Libertad” que desde hace más de cien días mantienen un plantón frente a Palacio de Gobierno para exigir la libertad de sus familiares (aproximadamente 15) que fueron detenidos, procesados y sentenciados (en algunos casos) de manera injusta y a través de diversas irregularidades y violación a sus derechos humanos.