Con el proyecto de reforma a la Constitución mexiquense, el Estado no se limitará al reconocimiento de los derechos, sino que estará obligado a crear condiciones para su efectiva realización, explicó el diputado Maurilio Hernández.

Al afirmar que el proyecto de reforma integral a la Constitución Política de la entidad es de las más progresistas y vanguardistas en la protección de los derechos humanos, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, afirmó que el Estado de México sería el primero del país que se establecería de manera formal como un Estado social, humanista y democrático.

En la conmemoración del 30 Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ante su presidenta Myrna Araceli García Morón; el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de Luis Felipe Puente Espinosa, secretario General de Gobierno, el legislador afirmó que bajo este modelo el Estado no se limitará al reconocimiento de los derechos, sino que estará obligado a crear condiciones para su efectiva realización.

El también coordinador legislativo de Morena señaló, entre los retos principales después de hacer progresivos los derechos humanos en la Constitución actual, o de aprobarse la reforma, el relativo a la precariedad del sistema de garantías para asegurar respeto y cumplimiento, lo que requiere regularse en leyes reglamentarias y atribuciones de diversos organismos.

En presencia del presidente de la Directiva de la Legislatura, el diputado Marco Antonio Cruz Cruz (Morena), diputadas y diputados de diferentes bancadas, al señalar que los derechos humanos y su defensa son atributos de la democracia, llamó a garantizar la capacidad para resguardarlos, principalmente en términos de lo que se conoce como justicia social, indispensable para el desarrollo humano, y más adelante, precisó, podrá innovarse al defensor del pueblo en los segmentos más débiles como lo hacen otros países.

Al detallar el proyecto de reforma a la Constitución, dijo que busca garantizar la justicia social, el bienestar colectivo y combatir la desigualdad al incorporar el derecho la renta básica universal, además de que reconoce el principio de interseccionalidad para garantizar la atención prioritaria de las personas que padecen de exclusiones multilaterales y no solo económicas.

Propone integrar la dignidad humana como principio rector, origen y fin de las instituciones y derechos, por lo que su incumplimiento será causa de nulidad y tendrá como consecuencia la restitución del daño, además de que incorpora un catálogo de derechos, pues los actuales son limitados, la mayoría son una réplica de la Constitución Federal y se encuentran desorganizados.

En este sentido, amplía y diversifica sus alcances y tipos, además de que categoriza su organización en los derechos al desarrollo individual; libertades y derechos en lo colectivo; derechos sociales y económicos; al buen gobierno y a la administración pública; así como al acceso y al conocimiento científico y desarrollo e innovación tecnológica.

Entre los derechos más destacados mencionó el libre desarrollo de la personalidad; a la identidad; identidad digital; sexuales y reproductivos; libertad a la protesta; protección a personas periodistas; derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; a la cultura; al deporte y al esparcimiento; a la ciudad; al buen gobierno; renta básica universal, y de acceso a la conectividad y los servicios de telecomunicaciones.

Además, crea garantías constitucionales diferenciadas a las que otorga la Constitución federal, como acción popular de inconstitucionalidad local, acción de cumplimiento, acción de protección de derechos y acción por omisión legislativa, con lo que se garantizarán los instrumentos jurídicos para reintegrar las violaciones a los derechos humanos y la Constitución.

También señala que la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios generales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además de que integra los principios de no regresividad, no limitación y enfoque diferenciado y protección a grupos en situación de vulnerabilidad.

El legislador indicó que el proyecto consolida a la democracia como un sistema de vida fundada en la deliberación ciudadana garantizada a través del referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el parlamento y el cabildo abierto; mecanismos de presupuesto participativo y solicitudes populares de auditoría.

Además, incluye un título especializado en materia ambiental el cual establece los principios de sostenibilidad y sustentabilidad y plantea el derecho al disfrute del patrimonio cultural del Estado.