Al menos 173 trabajadores de la Universidad recibieron recursos de manera irregular por concepto de “riesgo psicosocial”.
Victorino Barrios Davalos, titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex), informó que la investigación relacionada con el presunto desvío de 17 millones 300 mil pesos, recursos públicos estatales otorgados a la Universidad, continúa avanzando ya que hasta el momento se ha solicitado la presencia de aproximadamente 80 de las 173 personas que recibieron en 2023 una especie de pago-indemnización por el concepto de “riesgo psicosocial”, figura que aunque sí existe en la Norma Oficial Mexicana, hasta el momento los trabajadores universitarios beneficiados, ni los funcionarios que autorizaron los pagos, han logrado justificar la razón y/o el motivo por el cual recibieron el dinero, el pago.
En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y titular del programa “De Análisis” que se transmite por la plataforma de información https://comunicadores.mx/ de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas, Victorino Barrios precisó que el concepto de “riesgo psicosocial” está presente en diferentes ámbitos laborales públicos.
Lo anterior lo ejemplificó recordando a los buzos que trabajan en el drenaje profundo de la Ciudad de México y/o alguna otra actividad de alto riesgo, pero no es un concepto que tenga presente la Universidad por eso “estamos citando a los trabajadores” que recibieron ese dinero que puede ser entendido como un apoyo, bono o indemnización registrado en agosto del año 2023.
Victorino Barrios explicó que el área que encabeza logró detectar dicha cantidad de dinero porque eran recursos provenientes del Poder Ejecutivo estatal asignados a la Universidad, y por ello la actual Ley de la Universidad le permite auditar dicho monto, es decir conocer el origen, manejo y destino.
No así en una cantidad similar asignada también bajo dicho concepto de “riesgo psicosocial” en 2022, porque, puntualizó, el origen de ese monto, alrededor de 16 millones de pesos empleados en ese año de 2022, tenían como origen los denominados recursos propios, es decir dinero que genera la misma Universidad estatal por algún servicio que presta o por las cuotas que cobra de inscripción a los mismos estudiantes u otros, pero el Órgano Interno de Control no puede auditar dicho monto de ese año porque la Ley Universitaria establece que los recursos propios no pueden ser auditables.
Ante ese lamentable impedimento legal, los ingresos propios de la Universidad pueden ser entendido como una caja de “Pandora”.
Victorino Barrios detalló que dicha investigación está en proceso y por ello hay una gran molestia de algunos sectores (los beneficiados) de la Universidad estatal que nunca habían rendido cuentas a un Órgano independiente de las estructuras de la misma Universidad.
Aclaró que él no realiza las entrevistas con las y los trabajadores que recibieron dichos pagos, ya que esa labor la realizan los investigadores-auditores del Órgano y son ellos los que realizan los cuestionamientos que consideran oportunos y necesarios para conocer la razón del porqué se les entregó ese pago bajo el concepto referido.
“Ellos (investigadores) pueden preguntar lo que quieran y no necesariamente tengo que saberlo yo”, dijo Barrios Dávalos tras aclarar que él y el personal a su cargo rechazaron los bonos que venía entregando la Universidad a determinados funcionarios porque lleva a la práctica los preceptos que se impulsan desde el gobierno federal.
“Yo no lo acepté porque están cancelados los bonos en el ámbito federal y ninguno de mis directores recibió el bono”, subrayó tras precisar que el bono sí se puede otorgar siempre y cuando esté presupuestado en el plan anual.
Respecto a su aspiración de competir por la Rectoría de la Universidad estatal, Victorino Barrios, ratificó que su anhelo lo sigue manteniendo y en estos momentos cumple con los tres principales requisitos que son: contar con un cargo definitivo dentro de la Universidad al momento de que salga la Convocatoria; contar con estudios de Maestría y tener un año de actividad permanente como docente.
Recordó que su encargo termina en 110 días, ya que el próximo 10 de septiembre concluye su encomienda al frente del Órgano Interno de Control en la UAEMex, por lo que buscará la continuidad en el cargo con la finalidad de cumplir con uno de los tres requisitos referidos, aunque esa determinación de que continúe o no, la tomarán las y los integrantes de la próxima Legislatura.
Barrios Davalos recordó que el Poder Legislativo lo nombró al frente del Órgano Interno de Control a raíz de los escándalos de corrupción registrados en la Universidad como la denominada “Estafa Maestra”, ya que, aunque existe una especie de Contraloría, dicha instancia es un ente interno y eso le resta margen de maniobra e independencia para realizar su función.
En este sentido, precisó que desde la creación del Órgano se han iniciado 697 expedientes de igual número de posibles situaciones irregulares al interior de la Universidad estatal y en el primer cuatrimestre del presente año 2024 se han comenzado 115 de presuntas irregularidades.
Barrios precisó que el Órgano Interno de Control ha sancionado a 116 personas de la Universidad, entre las cuales está un titular de la Rectoría,
“Tenemos ya hasta personas que hemos inhabilitado”, dijo tras recordar que el funcionario que participó en el caso de la falsificación de cheques, donde también se habrían desviado millones de pesos, fue removido de su cargo y la investigación también continúa, concluyó.
