Se confirmó que OHL, hoy Aleatica, explotó un bien nacional sin título de concesión.

El abogado Paulo Díez,  propietario de DGT Diez Gargari S.C.T, precisó que los argumentos del Juez de Control empleados para liberar de responsabilidad a las siete personas, 3 directivos de la empresa Aleatica y 4 ex funcionarios del GEM, involucradas en el caso Viaducto Bicentenario, fue tan mala que en el fondo es altamente positiva para seguir avanzando en la recuperación de dicha vía de comunicación (segundo piso de periférico norte), ya que se confirmó que esa obra edificada y explotada, a través del cobro de peaje para poderla circular por la misma, por la empresa de origen español se realizó sin contar con una concesión como lo establece la Constitución de México, una situación evidentemente grave e ilegal.

El abogado recordó que las leyes nacionales de México establecen perfectamente que cuando un particular haga uso de un bien público nacional como es el Viaducto Bicentenario, edificado sobre el periférico, esa empresa está obligada a contar con una “concesión” y pagar por dicha autorización y en caso de no hacerlo el Estado, a través de la autoridad competente que en este caso es la Secretaría de Comunicaciones federal, está obligado a intervenir y recuperar el bien público en favor de las arcas estatales y por ende de la sociedad mexiquense y mexicana en general.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, periodista y titular del programa “De Análisis” que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma de información https://comunicadores.mx/  el abogado Paulo Díez  propietario de DGT Diez Gargari S.C.T, precisó que a partir de la investigación iniciada, aproximadamente hace dos años a partir de su denuncia, de lo que califica como una explotación ilegal de un bien público como es el periférico-Viaducto Bicentenario por parte de un particular, empresa Aleatica, el balance es positivo.

Ya que, explicó, durante la audiencia registrada el 12 de marzo, la cual se prolongó hasta la 01:30 de la madrugada del siguiente día (se suspendió a esa hora y se reanudó horas después) se confirmaron y ratificaron elementos sumamente relevantes para alcanzar el objetivo final de la denuncia.

El cual es, subrayó durante la entrevista, evidenciar que un particular explota sin concesión un bien de la nación y la recuperación de ese bien: Viaducto Bicentenario, es decir el segundo piso del periférico ubicado dentro del territorio estatal, tendrá que ser reintegrado al patrimonio nacional.

Paulo Diez detalló que a la audiencia acudieron los siete imputados y aunque todos iban muy relajados y con un ejército de abogados porque entendían que todo lo tenían perfectamente arreglado con el juez, a su salida sus rostros estaban desencajados porque sabían que aunque habían ganado una batalla la derrota de la guerra jurídica la iban a perder porque durante la audiencia quedaron evidenciadas las conducta ilegales en las que incurrieron tanto los directivos de la empresa OHL, hoy Aleatica, como todos los ex funcionarios estatales involucrados en las autorización  de la obra que se realizó de forma ilegal, sin concesión alguna por arte del gobierno federal, única instancia facultada para otorgar una concesión, algo que jamás sucedió y pese a ello se edificó la obra y en estos momentos se explota obteniendo una ganancia millonaria sin que hayan pagado un solo peso por la concesión porque nunca existió.

Ausencia de documento-concesión que tanto directivos de Aleatica, como ex funcionarios del GEM, intentan sustituir con un convenio el cual fue avalado por el Juez que durante la audiencia contradictoriamente reconoció que, aunque la autoridad que lo expidió, GEM, no estaba facultado para hacerlo lo avaló.  

Paulo Díez durante la entrevista con “De Análisis” hizo una breve crónica del desarrollo de la audiencia precisando que el primer paso que dio el Juez fue desconocerlo como víctima de un presunto acto de corrupción (otorgamiento de la explotación de un bien de la nación a un particular sin concesión) y le pidió que se pasara a la parte del público, como un espectador más de la audiencia, y no como un ciudadano-abogado que en su calidad de afectado podía actuar argumentar y cuestionar a los siete involucrados.

Por ello, mencionó, tuvo que pasarse al área del público y ya no pudo contribuir con argumentos y apoyar a la Fiscalía General de la República, aunque para su sorpresa, dijo, los representantes de la Institución estaban muy bien preparados tan esa así que presentaron cien datos de prueba y le precisaron al juez que se tenía que excusar del juicio porque existía un comportamiento parcial de su parte a tal grado que había adelantado el sentido de su fallo sin escuchar los argumentos de las dos partes involucradas. 

El abogado Díez Gargari detalló que durante la audiencia el juez “dijo que la Fiscalía había logrado acreditar que el Viaducto Bicentenario era un bien propiedad de la Nación. Solo eso Luis, es valiosísimo para esta causa porque ahora ya no solo yo digo que es un bien nacional, hay un juez federal que dice que es una vía de comunicación de jurisdicción federal, y hay un juez federal, digamos que pretendía beneficiar a los imputados, que se vio obligado a reconocer que se trata de un bien propiedad la nación y esto es muy valioso”, enfatizó.

Añadió que durante la audiencia también se confirmó que jamás se otorgó una concesión federal para explotar ese bien y que el bien, Viaducto Bicentenario-segundo piso de periférico, era explotado por un particular y que los siete imputados que estaban ahí, de alguna manera directa o indirectamente, habían participado en la explotación de dicha vía de comunicación, una situación que jamás se había confirmado hasta el día de la audiencia.

El Juez les dijo a los representantes de la empresa Aleatica “ustedes no tienen concesión, ni autorización, ni permiso de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transporte” y entonces, dijo, qué tienen, y ahí viene la única parte que hay que combatir del fallo de dicha audiencia, consideró Paulo Díez, el juez les comentó “ustedes tienen un contrato” y por tanto la Secretaría de Comunicaciones federal tenía que convalidar ese Convenio.

Ante ese escenario, expreso el abogado, suponiendo que ese Convenio sea válido, porque se emitió por una autoridad, Gobierno del Estado de México, que no es competente para realizar ese tipo de contratos porque ese bien público le compete únicamente al Gobierno Federal, esa resolución del Juez es perfectamente cuestionable porque en una de las cláusulas del Convenio al que hizo referencia precisa que éste surtirá efecto a partir de la fecha de su celebración y la firma se verificó en octubre del año 2020, ese decir está acreditado que el delito se cometió desde 2008 (fecha en que empezó la obra) hasta principios de septiembre de 2020.

El juez dijo claramente que era una “concesión” otorgada por una autoridad no competente, subrayó.

Es de destacar que las siete personas involucradas en el caso Viaducto Bicentenario, son:

Ernesto Javier Nemer Álvarez, ex Secretario General de Gobierno estatal; Luis Gilberto Limón Chávez, ex Secretario de Movilidad estatal; Jorge Joaquín González Bezares, Director General de la Junta de Caminos y Alberto Tomás Angulo Lara, director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares; así como los directivos de la empresa Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleatica; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director General de OHL, respectivamente.

Por último, el abogado Paulo Díez Gargari, adelantó que en los próximos días estará presentando una denuncia contra Jorge Nuño Lara, actual titular de la Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México por su actuación irregular ya que no ha defendido ni mostrado una postura acorde a los intereses de la nación.

Los elementos que quedaron asentados en la audiencia son sumamente relevantes para el proceso jurídico que se viene porque la resolución del Juez seguramente ya fue impugnada por los representantes de la Fiscalía General de la República, concluyó.