Autoridades del Gobierno mexiquense pretenden terminar con actos de corrupción en inspecciones sanitarias.
Por Gabriela Landetta
Con el propósito de eliminar los actos de corrupción y dar certeza jurídica al sector empresarial del Estado de México, en lo que respecta a las verificaciones sanitarias, las secretarías de Desarrollo Económico y de Salud dieron a conocer las acciones que se derivan del Acuerdo Intersecretarial que ambas dependencias firmaron el pasado 17 de junio y que fue publicado dos días después en la Gaceta de Gobierno.
Las irregularidades que se han denunciado con respecto a las inspecciones sanitarias “no tienen impacto en una mayor derrama económica, pero sí en la certeza jurídica que prometió la gobernadora ofrecer. El empresario necesita no tener obstáculos para la inversión y esto era un obstáculo que venía dándose desde hace muchos años”, expresó la titular de la Sedeco, Laura González Hernández, al término de la conferencia de prensa que ofreció junto con la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera.
Aunque no dio cifras, mencionó que en la pandemia se llegaron a cerrar negocios por este motivo “porque las multas eran excesivas y casi todo era motivo de una multa o de una clausura. La idea es que se amenoren este tipo de casos”. González Hernández adelantó que se hará lo mismo en otros sectores que tengan impacto en la actividad económica.
“Ya estamos en análisis de los sistemas sancionadores de la Procuraduría del Medio Ambiente, ya estamos revisándolos; vienen otros de la Secretaría de Finanzas… todo servicio que se ofrezca en el estado vamos a buscar que se hagan las acciones necesarias como estas para evitar actos de corrupción”
En el marco de la conferencia de prensa, Palemón Jorge Cruz Martínez, director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, destacó que se trabajará en tres rubros principalmente: capacitación de las unidades económicas y personas servidoras públicas verificadoras; guías temáticas de autoverificación; y ordenamiento sanitario a plazos.
En el primer rubro explicó que la autoridad de regulación sanitaria tendrá que capacitar tanto al sector empresarial, como a los servidores públicos verificadores y precisar las facultades de este personal para que añ su desempeño sea transparente y apegado a la legalidad. Al mismo tiempo, las unidades económicas tendrán conocimiento con mayor precisión de sus derechos y obligaciones, lo que permitirá el cumplimiento de la ley sanitaria, además de que dará certeza jurídica al sector empresarial.
Sobre este punto, Roberto Vera Sánchez, encargado del área jurídica de la Coordinación de Regulación Sanitaria, Coprisem, informó que se darán dos tipos de capacitaciones generales: uno relativo a los procedimientos que deben seguir los verificadores desde el momento en que se presentan en una unidad económica para que los titulares de esos establecimientos conozcan con precisión el proceso; y otro referente al desahogo de procedimientos jurídico-administrativos. Además habrá capacitaciones específicas de acuerdo a cada giro empresarial de que se trate.
En su intervención, Cruz Martínez destacó que con el objetivo de afianzar el conocimiento de la normatividad sanitaria e incentivar entre los empresarios su cumplimiento mediante esquemas de auto verificación, se darán a conocer guías temáticas en las páginas de la Secretaría de Salud y de la Coprisem, y esto permitirá a las unidades económicas realizar una auto evaluación previa, conocer los requisitos que deben cumplir en materia sanitaria y estar preparados ante cualquier visita de inspección que reciban.
Por último, el titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se refirió al ordenamiento sanitario a plazos, lo que también es conocido como “Programa Cero Multas”, ya que se busca que las inspecciones se conviertan en acciones preventivas más que persecutorias o sancionadoras.
Al respecto, mencionó que una vez que concluya la verificación, la autoridad tendrá que informar con exactitud al titular de la unidad económica qué irregularidades fueron detectadas para subsanarlas en un plazo hasta de 90 días, lo cual permitirá el cumplimiento de la normatividad y se evitará la aplicación de sanciones y de actos indebidos.
Con este tipo de acciones se busca eliminar cualquier probabilidad de que se incurra en actos ilícitos o de corrupción por parte de los servidores públicos, lo que forma parte de los compromisos asumidos en esta administración estatal.
