Acusan que en la corporación se registran cientos de irregularidades.

Por Eduardo Alonso

Los aproximadamente 30 mil elementos policiacos que integran a la corporación identificada como Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), desean formar parte realmente de las filas gubernamentales del Estado de México, pues de esa manera su situación laboral tendría certeza jurídica, ya que en estos momentos ninguno de sus integrantes tiene garantizado su trabajo porque ni siquiera conocen a los dueños de la corporación y por ello, entre otros asuntos, se registran todos los días un gran numero de abusos laborales.

Acusaron decenas de policías que se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y Cámara de Diputados local para recordarle a Delfina Gómez Álvarez, gobernadora de la entidad mexiquense, y diputadas y diputados locales, respectivamente, que están obligados a investigar y resolver el estatus jurídico de CUSAEM, ya que hasta el momento no se sabe si es una corporación pública o privada.

Encabezados por Maribel Estrada, abogada de los elementos policiacos que protagonizaron la protesta, recordaron que existió la promesa que se resolvería el estatus del CUSAEM, por lo que su presencia en el primer cuadro de la ciudad de Toluca, únicamente, fue para recordar a la autoridad que hay miles de policías inconformes con el manejo de la corporación.

Es de destacar que desde la creación de CUSAEM sus titulares se han manejado de manera irregular, ya que aunque todas las armas con las que operan sus elementos son propiedad de la policía estatal, es decir del Gobierno del Estado de México, y la prestación del servicio de salud a poco más de la mitad de sus elementos es otorgada a través del ISSEMyM (red de hospitales a la que solo pueden acceder los trabajadores del gobierno estatal), ni un solo peso de sus ingresos por el servicio que otorgan a empresas privadas y oficinas de gobierno, va a dar a las cuentas del gobierno mexiquense.

Por ello, entre otros factores, para la abogada Maribel Estrada adentro de dicha corporación se registran un gran número de actos de corrupción que con la nueva administración estatal deben llegar a su final.

A nombre de los policías de CUSAEM en activo que salieron a las calles a manifestarse, la abogada Estrada, precisó que entre sus principales exigencias, en ese momento, están: acceder a sus nombramientos, ajuste de sueldo, prestación de servicio médico de ISSEMyM (a sus compañeros que no tienen el servicio) y de todas las prestaciones que marca la ley, ya que hasta este momento no las tienen pese a que en sus recibos viene el descuento.

“En realidad a cientos no les dan el servicio médico”, aseguró la licenciada en derecho.

La especialista en leyes aclaró que la petición a las y los diputados locales, así como a la maestra y gobernadora Delfina Gómez, consiste en coadyuvar para que los dueños de CUSAEM regularicen a la corporación y liquiden a sus compañeros que están en etapa de jubilación.

Precisó que en los tres cuarteles que tiene la corporación, Lerma, Toluca, Loma de Santa Rosa, operan con las mismas irregularidades “con la misma delincuencia organizada”, dijo en referencia a los mandos de la corporación de seguridad.

¿Qué es lo mejor que le pudiera pasar a CUSAEM? convertirse en una institución privada que preste servicios al gobierno y/o sector privado o formar parte del Gobierno del Estado de México, realmente.

Planteamiento que la abogada respondió, precisando de forma contundente “formar parte del gobierno estatal”.

En este sentido, expresó que están dispuestos a que los policías que han prestado sus servicios por décadas en CUSAEM, entren a un proceso de jubilación (con los actuales dueños de la corporación) y para que eso suceda conforme a la ley piden el respaldo del gobierno estatal.

La abogada también añadió que en caso de que el GEM absorba a la corporación, están dispuestos a que los que no pasen los exámenes y/o evaluaciones sean separados de su cargo, siempre y cuando se les liquide conforme a la ley.

Por último, aseguró que los dueños de CUSAEM son los ex funcionarios del gobierno estatal como Enrique Peña Nieto y su círculo cercano identificado como el Grupo Atlacomulco.