Este jueves se realizaría la audiencia inicial solicitada por la FGR en Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez por explotación ilegal del Viaducto Bicentenario; se consolida acusación del abogado Paulo Diez.
Redacción
Por explotación ilegal de una vía de comunicación de jurisdicción federal, directivos de la empresa española Aleatica, antes OHL, y funcionarios del gobierno del Estado de México de la administración pasada fueron citados a comparecer este jueves al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez
De acuerdo a medios de comunicación como El País, se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.
“El juez Daniel Ramírez Peña, titular del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México), decidirá, en la audiencia de este jueves, si existen pruebas suficientes para vincular a proceso a los acusados. Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que la empresa no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario. La Fiscalía, de momento, no ha imputado a Scherer en esta primera audiencia”, se puede leer en el diario de origen español.
Asimismo, El País informó sobre la comparecencia de exdirectivos de la compañía, “el más importante de estos José Andrés de Oteyza, que fue presidente del Consejo de Administración de OHL México hasta 2015. Ese año, De Oteyza se vio forzado a dimitir del cargo luego de que salió a la luz una serie de escuchas de conversaciones entre altos cargos de la compañía y funcionarios mexiquenses (del PRI) que sugerían enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en ese Estado”.
No obstante el llamado a comparecer, ninguno de los imputados se presentó a la audiencia judicial por la presunta concesión ilegal de un tramo del Viaducto Bicentenario a la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL).
Cabe destacar que la carpeta de investigación se ha integrado de acuerdo a todas las denuncias que ha realizado el abogado Paulo Díez Gargari quien desde hace varios años exige a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumplir resolución judicial y devolver a la nación el Viaducto Bicentenario.
Díez Gargari, abogado especializado en caso Aleatica, ha explicado en reiteradas ocasiones porqué el Viaducto Bicentenario administrado por Aleatica (antes OHL), debe ser regresado a la nación.
Lo anterior, ya que su operación que data de hace diez años es irregular pues la empresa de origen español edificó dicha infraestructura vial (segundo piso de periférico norte), sin contar con una concesión como lo ordenan y establecen las leyes mexicanas en la materia.
“El Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal (como lo son todas las vías generales de comunicación), que Aleatica (antes OHL) ha explotado ilegal e impunemente durante más de 10 años, sin concesión del Gobierno Federal otorgada por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (la SICT)”.
El abogado Díez Gargari, que durante la administración federal del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue perseguido, intimidado y acosado jurídicamente a raíz de que empezó a ventilar en la opinión pública mexicana, las múltiples irregularidades en las que había incurrido, y sigue incurriendo la empresa española que construye carreteras, precisó que para el caso del Viaducto Bicentenario elevado, construido en su totalidad “de manera ilegal” sobre el Tramo Toreo-Tepalcapa de la autopista México-Querétaro del km 11+080 al km 32+850, no contó con autorización previa de la SICT.
Paulo Díez incluso ha explicado varias veces que Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no puede eludir su responsabilidad, ni ser omiso porque a partir de este momento “es responsabilidad personal suya recuperar el bien nacional e impedir que se siga explotando ilegal e impunemente, en perjuicio de la República y de los mexicanos. El retraso injustificado en el cumplimiento de esta obligación a su cargo genera una afectación indebida a la hacienda pública federal y es causa de responsabilidad penal.
“Usted tiene conocimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, es decir, de que existe cosa juzgada sobre el tema, de modo que el día de mañana no podrá alegar en su defensa ignorancia o desconocimiento de que esa omisión constituye encubrimiento”, subraya en su escrito Paulo Diez Gargari.
Por último, explica que el arbitraje internacional para la protección de inversiones no protege al delincuente de las consecuencias de su conducta delictiva, “como quisieran Aleatica e IFM; protege al inversionista que se ve injustamente privado de una ganancia lícita a la que tiene derecho, que -como usted sabe- no es el caso de estos muchachos. El caso de estos muchachos es la corrupción y el engaño”.
