Solicitan garantizar en reforma constitucional al Poder Judicial su autonomía presupuestaria y derechos de las y los trabajadores.

Conciliar la austeridad y garantizar la autonomía presupuestaria en el Poder Judicial para evitar poner en riesgo sus funciones y los derechos de sus más de 50 mil personas servidoras públicas, fueron algunas de las propuestas de personas especialistas, magistradas y politólogas expuestas en el Congreso mexiquense durante el foro Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial.

Lo anterior como parte del análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, con que el Congreso de la Unión realizó el tercero de los nueve Diálogos Nacionales, a cuya inauguración asistieron los diputados de la bancada del PRI, Jesús Izquierdo Rojas y Elías Rescala Jiménez, presidentes de la Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura mexiquense.

Al respecto, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, afirmó que se debe contar con autonomía presupuestaria y que la austeridad no debe ser sinónimo de inoperancia; advirtió que una afectación financiera impactaría en la operación del Poder y en el acceso a la justicia, retardaría la resolución de conflictos y repercutiría en la salud de las y los trabajadores; destacó la irreductibilidad de los sueldos, y propuso dar al Poder una garantía del 2% del gasto programable.

En su intervención, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro indicó que se necesita de presupuesto para hacer más eficiente la función del judicial; consideró que la austeridad puede conciliarse adecuadamente sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de las y los trabajadores y la independencia judicial; planteó establecer un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto para el Poder, y resaltó que el nombramiento de jueces y magistrados debe seguirse realizando con base en su mérito y capacidades.

En sus participaciones, Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno estatal, señaló que debe haber un control estricto de las personas que serán juzgadoras y de quienes integrarán los órganos cúspides del Poder Judicial, así como plantearse la necesidad de mecanismos que legitimen y regulen tal actuación; mientras que Sergio Arturo López Servín, secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, llamó a reflexionar sobre el sistema de elección de juzgadores y juzgadoras, ya que la impartición de justicia requiere una vocación de tiempo completo.

Carolina Villagrán Salinas, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura, pidió no dejar de lado en la reforma temas como el acoso laboral, intimidación, exceso de poder, y nepotismo, así como la existencia de un tribunal que escuche y proteja del arbitrario; en tanto que el abogado Jaime Miguel Moreno Garavilla solicitó no ver esta reforma como una guerra, sino como una nueva oportunidad de construir instituciones de calidad.

Asimismo, José Reyes Doria, politólogo y asesor parlamentario, apuntó que la reforma que se discute constituye por sí misma una reforma del Estado, porque plantea una transformación profunda de la integración, organización y funcionamiento de uno de sus tres poderes; mientras que Ricardo Garduño Pasten, magistrado federal, dijo que es posible aplicar la austeridad en la institución y crear un organismo que la administre con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Finalmente, José Castillo Ambriz, subsecretario de Justicia del gobierno mexiquense, aseguró que es pertinente sustituir al actual Consejo de la Judicatura y crear un ente dedicado a la parte administrativa y otro a la vigilancia del actuar de todos y todas las jueces, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las conclusiones de estos Diálogos Nacionales, cuyas ponencias, estuvieron moderadas por el diputado federal César Agustín Hernández Pérez, serán utilizadas para encontrar puntos de acuerdo y consensos que lleven a las mejores adecuaciones para una propuesta de reforma constitucional, que sienten las bases principales de una transformación del Poder Judicial de la Federación.