Académicos, especialistas y abogados participan en el segundo foro de diálogos nacionales sobre reformas al Poder Judicial.

Académicos, especialistas y abogados externaron posturas sobre la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados, y que este lunes se efectuó en Guadalajara, Jalisco.

Ana Sofía Torres Menchaca, maestra en derecho constitucional y derechos humanos, expresó que es una reforma compleja, amplia, bien elaborada y con argumentos. Consideró valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.

No obstante, dijo, es incompleta si no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.

Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la propuesta de elección popular directa de ministras y ministros es importante considerar los fundamentos de la gobernabilidad; es decir, no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Llamó a considerar el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para que ministras y ministros conozcan las diferentes disciplinas jurídicas sobre las cuales tendrían que estar preparados; además, garantizar la transversalidad de género.

El abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, exhortó a los próximos legisladores a no desmantelar el Poder Judicial de la Federación, pues la asignación de magistradas y magistrados, de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad, acordes a su responsabilidad.

Los jueces, dijo, no deben hacer campañas; “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.

Añadió que la elección popular provocaría la intervención indirecta de los partidos políticos y no sería una auténtica elección popular. “No queremos un Poder Judicial que se deba a cuotas de partido”.

Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito, señaló que existen puntos de la reforma que deben evaluarse a profundidad; entre ellos la elección de personas juzgadoras, por lo cual propuso que se considere que las y los jueces cuenten con las condiciones necesarias exigidas, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y que sean más receptivos a las necesidades de las personas.

La abogada Katya Fernanda Ocampo Sáenz afirmó que la reforma propuesta cambia el mecanismo de elección de las personas juzgadoras, para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y la Cámara de Diputados propongan 10 candidatos cada uno, e integren la lista de lo que votaría la población de manera libre y secreta. “Al final, la responsabilidad caerá en los tres Poderes, pero la última palabra la debe tener el pueblo”, enfatizó.

Llamó a no tener miedo a que la ciudadanía decida los perfiles que irán al máximo tribunal y resolverán los asuntos más relevantes para el país, y a abandonar la visión de la justicia elitista que ha dejado decisiones en los que se consideró que eran los únicos que sabían derecho. “Apostemos por un Poder Judicial que rinda cuentas, que tenga cercanía y resuelva en favor de la gente.

Fany Lorena Jiménez Aguirre, presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa y magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, reconoció el valor de la propuesta de un cambio consensuado y definir un proceso, para que de manera paulatina, transparente y democrática se ocupen los cargos de ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas y magistrados con altos valores éticos y técnicos, con legitimidad social e independencia de intereses ajenos.

Detalló que someterse a órganos disciplinarios debe ser una constante, donde se les exija un estándar de excelencia y profesionalismo para alcanzar una justicia igualitaria, transparente, equitativa, con paridad y respetuosa de los derechos humanos. Por ello, pidió avanzar en los consensos que permitan hacer un cambio democrático para que el pueblo de México y cada entidad de la República confíe en el Poder Judicial.

Jaime Cárdenas Gracia, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que hay un gran problema de nepotismo en el Poder Judicial, federal y local, ya que, en la carrera judicial, casi el 84 por ciento de los concursos son cerrados y es un poder con muchos privilegios en los salarios y las prestaciones; de ahí que la reforma es fundamental.

Planteó que la elección de las ministras, ministros, jueces y magistrados debe ser el mismo día del resto de las autoridades electas. Estimó que el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser poderoso y capaz de superar el secreto fiscal, bancario, ministerial y fiduciario, así como tener facultades para asegurar bienes y congelar cuentas de funcionarios judiciales. Pidió que en la reforma secundaria se establezca un catálogo de faltas administrativas y de delitos. 

La abogada y maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, argumentó que la nueva composición de la Suprema Corte plantea que todos los asuntos los resolverá el Pleno, en lugar de las dos Salas que existen actualmente para hacerlo, lo cual favorece a la democracia, porque se podrá conocer ahora a quienes conformarán este tribunal y permitirá restaurar el equilibrio de poderes.